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Las obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias, las obligaciones tributarias formales y las obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos y garantías de los obligados tributarios. Colaboración social en la aplicación de los tributos. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.

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Artículo 19. Obligación tributaria principal.

La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria.

Datos clave

  • Artículo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Regula la obligación tributaria principal.
  • Su objeto es el pago de la cuota tributaria.
  • Es una de las obligaciones tributarias materiales enumeradas en el artículo 17.3.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria.

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Artículo 23. Obligación tributaria de realizar pagos a cuenta.

1. La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta de la obligación tributaria principal consiste en satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados, por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta.

Esta obligación tributaria tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria principal.

2. El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuenta soportados, salvo que la ley propia de cada tributo establezca la posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe.

Datos clave

  • Consiste en satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados, el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
  • Tres modalidades: pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta.
  • Tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria principal.
  • El contribuyente puede deducir de la obligación principal los pagos a cuenta soportados, salvo que la ley del tributo permita deducir una cantidad distinta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los pagos a cuenta (fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta) son una obligación autónoma de la principal, y el contribuyente puede deducir lo soportado salvo regla distinta de cada tributo.

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Artículo 24. Obligaciones entre particulares resultantes del tributo.

1. Son obligaciones entre particulares resultantes del tributo las que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios.

2. Entre otras, son obligaciones de este tipo las que se generan como consecuencia de actos de repercusión, de retención o de ingreso a cuenta previstos legalmente.

Datos clave

  • Objeto: una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios.
  • Se generan, entre otros, por actos de repercusión.
  • También por actos de retención o de ingreso a cuenta previstos legalmente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones entre particulares resultantes del tributo son prestaciones tributarias exigibles entre obligados tributarios, como las que nacen de la repercusión, la retención o el ingreso a cuenta.

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Artículo 25. Obligaciones tributarias accesorias.

1. Son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas en esta sección que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria.

Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley.

2. Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias.

Datos clave

  • Son prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria.
  • Son accesorias: el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo.
  • También las que imponga la ley.
  • Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Son obligaciones tributarias accesorias las prestaciones pecuniarias exigidas en relación con otra obligación tributaria, como el interés de demora y los recargos; las sanciones tributarias no tienen esta naturaleza.

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Artículo 26. Interés de demora.

1. El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria.

La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.

2. El interés de demora se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado.

b) Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.

c) Cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.

d) Cuando se inicie el período ejecutivo, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 28 de esta ley respecto a los intereses de demora cuando sea exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido.

e) Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua, salvo que dicha normativa establezca otra cosa.

f) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente, salvo que voluntariamente regularice su situación tributaria sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta Ley relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.

3. El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

4. No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración tributaria incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en esta ley para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta. Entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido.

Lo dispuesto en este apartado no se aplicará al incumplimiento del plazo para resolver las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago.

5. En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución.

6. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

No obstante, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal.

Datos clave

  • Prestación accesoria exigida a obligados tributarios y sujetos infractores.
  • No requiere previa intimación de la Administración ni retraso culpable en el obligado.
  • Se calcula sobre el importe no ingresado en plazo o sobre la devolución cobrada improcedentemente.
  • No se exige desde que la Administración incumpla por causa imputable a ella los plazos para resolver (salvo aplazamiento o fraccionamiento).
  • Cuantía: interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos establezca otro.
  • Deudas garantizadas totalmente con aval solidario de entidad de crédito o SGR o con certificado de seguro de caución: interés legal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El interés de demora es una prestación accesoria por pagar tarde, declarar tarde con resultado a ingresar o cobrar devoluciones improcedentes. No exige intimación ni culpa y equivale al interés legal más un 25 por ciento.

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Artículo 27. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.

1. Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

A los efectos de este artículo, se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria.

2. El recargo será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o declaración.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentación extemporánea.

No obstante lo anterior, no se exigirán los recargos de este apartado si el obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, unos hechos o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, y concurren las siguientes circunstancias:

a) Que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que la liquidación se notifique o se entienda notificada.

b) Que se produzca el completo reconocimiento y pago de las cantidades resultantes de la declaración o autoliquidación en los términos previstos en el apartado 5 de este artículo.

c) Que no se presente solicitud de rectificación de la declaración o autoliquidación, ni se interponga recurso o reclamación contra la liquidación dictada por la Administración.

d) Que de la regularización efectuada por la Administración no derive la imposición de una sanción.

El incumplimiento de cualquiera de estas circunstancias determinará la exigencia del recargo correspondiente sin más requisito que la notificación al interesado.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no impedirá el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación en relación con las obligaciones tributarias regularizadas mediante las declaraciones o autoliquidaciones a que los mismos se refieren.

3. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la autoliquidación extemporánea, la liquidación administrativa que proceda por recargos e intereses de demora derivada de la presentación extemporánea según lo dispuesto en el apartado anterior no impedirá la exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el importe de la autoliquidación.

4. Para que pueda ser aplicable lo dispuesto en este artículo, las autoliquidaciones extemporáneas deberán identificar expresamente el período impositivo de liquidación al que se refieren y deberán contener únicamente los datos relativos a dicho período.

5. El importe de los recargos a que se refiere el apartado 2 anterior se reducirá en el 25 por ciento siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea o de la liquidación practicada por la Administración derivada de la declaración extemporánea, al tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que la Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liquidación resultante de la declaración extemporánea.

El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando no se hayan realizado los ingresos a que se refiere el párrafo anterior en los plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento.

Datos clave

  • Recargo: 1 por ciento más otro 1 por ciento por cada mes completo de retraso.
  • Pasados 12 meses: recargo del 15 por ciento más intereses de demora desde el término de esos 12 meses.
  • Los recargos excluyen las sanciones que hubieran podido exigirse.
  • Requerimiento previo: cualquier actuación administrativa con conocimiento formal del obligado tributario.
  • Exclusión del recargo si se regulariza en el plazo de seis meses hechos idénticos a los regularizados por la Administración y se cumplen las demás circunstancias.
  • Reducción del recargo en el 25 por ciento si se ingresa en el plazo del artículo 62.2.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Presentar fuera de plazo sin requerimiento previo genera un recargo del 1 por ciento más un 1 por ciento por mes completo; tras 12 meses, del 15 por ciento con intereses. Excluye sanciones y puede reducirse un 25 por ciento.

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Artículo 28. Recargos del período ejecutivo.

1. Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de esta ley.

Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario.

Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

2. El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

3. El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de esta ley para las deudas apremiadas.

4. El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo.

5. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

6. No se devengarán los recargos del periodo ejecutivo en el caso de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua, salvo que la normativa sobre dicha asistencia establezca otra cosa.

Datos clave

  • Se devengan con el inicio del período ejecutivo (artículo 161).
  • Tres tipos, incompatibles entre sí, calculados sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.
  • Recargo ejecutivo: cinco por ciento, si se paga antes de la notificación de la providencia de apremio.
  • Recargo de apremio reducido: 10 por ciento, si se paga deuda y recargo en el plazo del artículo 62.5.
  • Recargo de apremio ordinario: 20 por ciento, compatible con los intereses de demora.
  • Con recargo ejecutivo o de apremio reducido no se exigen intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tres recargos del período ejecutivo, incompatibles entre sí: ejecutivo (cinco por ciento), de apremio reducido (10 por ciento) y de apremio ordinario (20 por ciento). Solo el ordinario se acumula con intereses de demora.

Esquema

Recargos del período ejecutivo
RecargoPorcentajeCuándoIntereses de demora
EjecutivoEjecutivoCinco por cientoPago total antes de notificar la providencia de apremioNo
Apremio reducidoApremio reducido10 por cientoPago de deuda y recargo en el plazo del artículo 62.5No
Apremio ordinarioApremio ordinario20 por cientoResto de casosSí, compatible

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Artículo 29. Obligaciones tributarias formales.

1. Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros.

2. Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades u operaciones empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.

b) La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.

c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

d) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos. Se deberá facilitar la conversión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o interpretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o codificados.

En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas, ficheros y archivos generados que contengan los datos originarios de los que deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas.

e) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.

f) La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático deberá suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido.

g) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas.

h) La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.

i) Las obligaciones de esta naturaleza que establezca la normativa aduanera.

j) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.

3. En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, las disposiciones reglamentarias podrán regular las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales.

En particular, se determinarán los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma periódica y por medios telemáticos.

Datos clave

  • Obligaciones formales: las que, sin carácter pecuniario, impone la normativa tributaria o aduanera a los obligados, deudores o no del tributo, en relación con actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros.
  • Incluyen presentar declaraciones censales, solicitar y utilizar el número de identificación fiscal y presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
  • Llevar y conservar libros de contabilidad y registros, programas, ficheros y archivos informáticos, facilitando su conversión a formato legible.
  • Expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar facturas y justificantes.
  • Aportar libros, registros, documentos e información con trascendencia tributaria y facilitar inspecciones y comprobaciones.
  • Entregar certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los perceptores.
  • Letra j): los sistemas informáticos contables, de facturación o de gestión deben garantizar integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros (en vigor el 11 de octubre de 2021).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones formales no son pecuniarias y se imponen a los obligados, deban o no el tributo, ligadas a actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. La ley enumera diez, entre otras posibles.

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Artículo 29 bis. Obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua.

El artículo 29 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria, se ocupa de las obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua. Son obligaciones tributarias aquellas que deriven de la normativa sobre asistencia mutua. En el caso de su incumplimiento por los obligados tributarios, podrán imponerse las sanciones tributarias establecidas en la ley.

Datos clave

  • Son obligaciones tributarias las derivadas de la normativa sobre asistencia mutua.
  • Su incumplimiento puede dar lugar a las sanciones tributarias establecidas en la ley.
  • Artículo 29 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones que nacen de la normativa sobre asistencia mutua son obligaciones tributarias, y su incumplimiento puede sancionarse con las sanciones tributarias de la ley.

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Artículo 30. Obligaciones y deberes de la Administración tributaria.

1. La Administración tributaria está sujeta al cumplimiento de las obligaciones de contenido económico establecidas en esta ley. Tienen esta naturaleza la obligación de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, la de devolución de ingresos indebidos, la de reembolso de los costes de las garantías y la de satisfacer intereses de demora.

2. La Administración tributaria está sujeta, además, a los deberes establecidos en esta ley en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento jurídico.

Datos clave

  • La Administración tributaria está sujeta a obligaciones de contenido económico establecidas en la ley.
  • Son cuatro: devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, devolución de ingresos indebidos, reembolso de los costes de las garantías y satisfacción de intereses de demora.
  • Además está sujeta a los deberes establecidos en la ley en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios y en el resto del ordenamiento jurídico.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración tributaria también tiene obligaciones económicas (devoluciones, reembolso de garantías e intereses de demora) y deberes en los procedimientos tributarios.

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Artículo 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

1. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo.

Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.

2. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.

Datos clave

  • Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las de cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.
  • Transcurrido el plazo de cada tributo y, en todo caso, el de seis meses sin ordenar el pago por causa imputable a la Administración, se abona el interés de demora del artículo 26 sin necesidad de solicitud.
  • El interés se devenga desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
  • No se computan las dilaciones por causa no imputable a la Administración.
  • En inspección no se computan los días del artículo 150.4 ni los periodos de extensión del artículo 150.5.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las devoluciones de cada tributo son las de cantidades ingresadas o soportadas debidamente. Si pasan el plazo del tributo y, en todo caso, seis meses sin ordenar el pago por causa imputable a la Administración, se abona interés de demora.

Esquema

Dos tipos de devolución
Normativa de cada tributoIngresos indebidos
Qué se devuelveCantidades ingresadas o soportadas debidamenteIngresos realizados indebidamente en el Tesoro Público
Interés desdeFin del plazo del tributo y, en todo caso, de seis mesesFecha del ingreso indebido
Interés hastaFecha en que se ordena el pagoFecha en que se ordena el pago

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Artículo 32. Devolución de ingresos indebidos.

1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley.

2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración Tributaria abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

A efectos del cálculo de los intereses a que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración. En el caso en que se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de los intereses, no se computarán los días a los que se refiere el apartado 4 del artículo 150 de esta Ley, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 de dicho artículo.

3. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidación ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se ingresó en el último plazo y, de no resultar cantidad suficiente, la diferencia se considerará satisfecha en los plazos inmediatamente anteriores.

Datos clave

  • Se devuelven a los obligados tributarios, sujetos infractores o sucesores de unos y otros los ingresos indebidos en el Tesoro Público por obligaciones tributarias o pago de sanciones, conforme al artículo 221.
  • Se abona el interés de demora del artículo 26 sin necesidad de solicitud.
  • El interés se devenga desde la fecha del ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
  • No se computan las dilaciones no imputables a la Administración ni, en inspección, los días del artículo 150.4 y los periodos de extensión del artículo 150.5.
  • Autoliquidación ingresada en varios plazos: la cantidad devuelta se entiende ingresada en el último plazo y la diferencia en los inmediatamente anteriores.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Se devuelven los ingresos indebidos a obligados, sujetos infractores o sus sucesores, con interés de demora desde el ingreso hasta que se ordena el pago y sin necesidad de pedirlo.

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Artículo 33. Reembolso de los costes de las garantías.

1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las garantías.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías.

2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del período en el que se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.

3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación respecto de las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Datos clave

  • Se reembolsa, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender un acto o aplazar o fraccionar una deuda declarados improcedentes por sentencia o resolución administrativa firme.
  • Si la improcedencia es parcial, el reembolso alcanza a la parte correspondiente del coste.
  • Se abona el interés legal vigente, sin necesidad de solicitud, desde la fecha acreditada en que se incurrió en los costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
  • No se aplica a las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La Administración reembolsa el coste de las garantías aportadas para suspender un acto o aplazar/fraccionar una deuda si esta es declarada improcedente por sentencia o resolución firme, abonando el interés legal desde que se incurrió en el coste hasta que se ordena el pago; no se aplica a las garantías exigidas por la normativa propia de cada tributo.

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Artículo 34. Derechos y garantías de los obligados tributarios.

1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:

a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

b) Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.

c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.

d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

e) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

f) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.

g) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.

h) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.

i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.

j) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.

k) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

l) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.

n) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.

ñ) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.

o) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.

p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.

q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.

r) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.

s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.

Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.

2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.

Datos clave

  • El apartado 1 enumera, entre otros, los derechos de las letras a) a s) de los obligados tributarios.
  • Devoluciones derivadas de cada tributo y de ingresos indebidos con abono del interés de demora del artículo 26, sin necesidad de requerimiento.
  • Reembolso del coste de avales y otras garantías si el acto o deuda se declara improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal.
  • Derecho a no aportar documentos ya presentados y en poder de la Administración actuante, indicando el día y procedimiento en que se presentaron.
  • Carácter reservado de los datos obtenidos: sólo para la aplicación de los tributos o recursos encomendados y la imposición de sanciones, sin cesión a terceros salvo previsión legal.
  • El derecho a obtener copia a su costa del expediente en la puesta de manifiesto puede ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
  • El Consejo para la Defensa del Contribuyente, integrado en el Ministerio de Hacienda, vela por la efectividad de los derechos, atiende quejas y efectúa sugerencias y propuestas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo abierto de derechos y garantías de los obligados tributarios (información, devoluciones con intereses, lengua, reserva de datos, trato menos gravoso…) y el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

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Artículo 92. Colaboración social.

El artículo 92 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula la colaboración social en la aplicación de los tributos.

1. Los interesados podrán colaborar en la aplicación de los tributos en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

2. En particular, dicha colaboración podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración Tributaria con otras Administraciones públicas, con entidades privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, y, específicamente, con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal.

3. La colaboración social en la aplicación de los tributos podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:

a) Realización de estudios o informes relacionados con la elaboración y aplicación de disposiciones generales y con la aplicación de los medios a que se refieren los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 57 de esta ley.

b) Campañas de información y difusión.

c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

d) Asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones y en su correcta cumplimentación.

e) Presentación y remisión a la Administración tributaria de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios.

f) Subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios.

g) Información del estado de tramitación de las devoluciones y reembolsos, previa autorización de los obligados tributarios.

h) Solicitud y obtención de certificados tributarios, previa autorización de los obligados tributarios.

4. La Administración tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Datos clave

  • Los interesados pueden colaborar en la aplicación de los tributos en los términos que se determinen reglamentariamente.
  • Se instrumenta mediante acuerdos con otras Administraciones públicas, entidades privadas o instituciones representativas.
  • Específicamente, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal para potenciar el cumplimiento cooperativo.
  • Ocho aspectos de colaboración, letras a) a h) del apartado 3.
  • Presentación de documentos, subsanación de defectos, información de devoluciones y certificados: previa autorización de los obligados tributarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los interesados pueden colaborar con Hacienda en la aplicación de los tributos mediante acuerdos, en ocho aspectos, varios de ellos solo con autorización previa de los obligados tributarios.

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Artículo 93. Obligaciones de información.

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

En particular:

a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o entidades.

b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, deberán comunicar estos datos a la Administración tributaria.

A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales.

c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio de sus funciones.

d) Las personas y entidades que, por aplicación de la normativa vigente, conocieran o estuvieran en disposición de conocer la identificación de los beneficiarios últimos de las acciones deberán cumplir ante la Administración tributaria con los requerimientos u obligaciones de información que reglamentariamente se establezcan respecto a dicha identificación.

e) Las personas jurídicas o entidades deberán comunicar a la Administración tributaria la identificación de los titulares reales de las mismas. A tal efecto, tendrán la consideración de titulares reales los definidos conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.

Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria que reglamentariamente se determine.

Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados, y el período de tiempo al que se refieren.

La investigación realizada según lo dispuesto en este apartado podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas y de las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino.

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, estarán obligados a colaborar con la Administración tributaria suministrando toda clase de información con trascendencia tributaria de la que dispongan, salvo que sea aplicable:

a) El secreto del contenido de la correspondencia.

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística.

c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a los que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad conyugal.

5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

Datos clave

  • Obligados: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y entidades del artículo 35.4, respecto de datos con trascendencia tributaria propios o derivados de relaciones con terceros.
  • Retenedores y obligados a ingresos a cuenta deben presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados.
  • Las personas jurídicas o entidades deben comunicar la identificación de sus titulares reales (artículo 4.2 de la Ley 10/2010), letra e) añadida por la Ley 13/2023.
  • Se cumplen en la forma y plazos reglamentarios o mediante requerimiento individualizado, en cualquier momento posterior a las operaciones.
  • El incumplimiento no puede ampararse en el secreto bancario; los requerimientos sobre movimientos de cuentas exigen autorización previa del órgano que reglamentariamente se determine.
  • Límites para funcionarios: secreto de la correspondencia, de los datos estadísticos y del protocolo notarial.
  • Los profesionales no deben revelar datos privados no patrimoniales ni datos confidenciales de asesoramiento o defensa, pero no pueden invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos deben dar a Hacienda los datos con trascendencia tributaria propios o de sus relaciones con terceros, por declaración o requerimiento; el secreto bancario no ampara y hay límites para funcionarios y profesionales.

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Artículo 94. Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar.

1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, participarán en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto en las leyes o disposiciones reglamentarias vigentes.

2. A las mismas obligaciones quedarán sujetos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales.

4. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, así como la Secretaría de ambas comisiones, facilitarán a la Administración tributaria cuantos datos con trascendencia tributaria obtengan en el ejercicio de sus funciones, de oficio, con carácter general o mediante requerimiento individualizado en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Los órganos de la Administración tributaria podrán utilizar la información suministrada para la regularización de la situación tributaria de los obligados en el curso del procedimiento de comprobación o de inspección, sin que sea necesario efectuar el requerimiento al que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.

5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Datos clave

  • Obligados: autoridades, órganos del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, organismos públicos, colegios profesionales, mutualidades y gestoras de la Seguridad Social.
  • Quedan sujetos también los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.
  • Juzgados y tribunales: facilitan datos de oficio o a requerimiento, respetando el secreto de las diligencias sumariales.
  • Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo facilitan datos con trascendencia tributaria.
  • La cesión de datos personales a la Administración tributaria no requiere el consentimiento del afectado.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Extiende el deber de informar y colaborar con Hacienda a autoridades, organismos públicos, colegios profesionales, partidos políticos, sindicatos, juzgados y tribunales, y permite ceder datos personales a la Administración tributaria sin necesidad de consentimiento del afectado.

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Artículo 95. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.

1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:

a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada.

b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.

c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación del nivel de aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

d) La colaboración con las Administraciones públicas para la prevención y lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea, incluyendo las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.

f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal.

g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administración tributaria.

i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y con la Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones respectivas.

j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago y con la Dirección General de Tráfico para la práctica de las notificaciones a los mismos, dirigidas al cobro de tales recursos.

k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados.

l) La colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-financiera, el seguimiento del déficit público, el control de subvenciones y ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del Sector Público.

m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos mediante la cesión de los datos, informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes y derechos susceptibles de ser embargados o decomisados en un determinado proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia.

n) La colaboración con las entidades responsables de los procedimientos de adjudicación de contratos y concesión de subvenciones vinculadas a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en relación con el análisis sistemático de riesgo de conflicto de interés.

2. En los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la Administración tributaria en relación con dicha información.

3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado.

Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración tributaria deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. También podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio Jurídico competente.

4. El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la publicidad de los mismos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea.

5. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta sólo podrán utilizar los datos, informes o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para el correcto cumplimiento y efectiva aplicación de la obligación de realizar pagos a cuenta. Dichos datos deberán ser comunicados a la Administración tributaria en los casos previstos en la normativa propia de cada tributo.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, los referidos datos, informes o antecedentes tienen carácter reservado. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al más estricto y completo sigilo respecto de ellos.

6. La cesión de información en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en el artículo 177 ter de esta Ley.

Datos clave

  • Los datos obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado.
  • Solo se usan para la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones; no se ceden salvo en los supuestos de las letras a) a n) del apartado 1.
  • Cesión preferente por medios informáticos o telemáticos; no se exigirán certificados si la información está disponible por esos medios.
  • La infracción del deber de sigilo se considera siempre falta disciplinaria muy grave.
  • Retenedores y obligados a ingresos a cuenta: uso de datos solo para los pagos a cuenta y deber de sigilo.
  • La cesión en asistencia mutua se rige por el artículo 177 ter.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los datos tributarios son reservados: solo sirven para aplicar tributos e imponer sanciones y solo se ceden en los catorce supuestos tasados; romper el sigilo es siempre falta muy grave.

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Artículo 95 bis. Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

1. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública, incluidos los que tengan la condición de deudores al haber sido declarados responsables solidarios, por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso, incluidas en su caso las que se hubieran exigido tras la declaración de responsabilidad solidaria, supere el importe de 600.000 euros.

b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario.

En el supuesto de deudas incluidas en acuerdos de declaración de responsabilidad será necesario que haya transcurrido el plazo de pago del artículo 62.2 de esta Ley tras la notificación del acuerdo de declaración de responsabilidad y, en su caso, del acuerdo de exigencia de pago.

A efectos de lo dispuesto en este artículo no se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.

2. En dichos listados se incluirá la siguiente información:

a) La identificación de los deudores conforme al siguiente detalle:

– Personas Físicas: nombre apellidos y NIF.

– Personas Jurídicas y entidades del artículo 35.4 de esta Ley: razón o denominación social completa y NIF.

b) El importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación.

3. En el ámbito del Estado, la publicidad regulada en este artículo se referirá exclusivamente a los tributos de titularidad estatal para los que la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades de revisión estén atribuidas en exclusiva a los órganos de la Administración Tributaria del Estado no habiendo existido delegación alguna de competencias en estos ámbitos a favor de las Comunidades Autónomas o Entes Locales.

La publicidad regulada en este artículo resultará de aplicación respecto a los tributos que integran la deuda aduanera.

4. La determinación de la concurrencia de los requisitos exigidos para la inclusión en el listado tomará como fecha de referencia el 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que sea la cantidad pendiente de ingreso a la fecha de dicho acuerdo.

La propuesta de inclusión en el listado será comunicada al deudor afectado, que podrá formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de recepción de la comunicación. A estos efectos será suficiente para entender realizada dicha comunicación la acreditación por parte de la Administración Tributaria de haber realizado un intento de notificación de la misma que contenga el texto íntegro de su contenido en el domicilio fiscal del interesado.

En el caso de que los deudores paguen la totalidad de la cantidad adeudada a la fecha de referencia antes de la finalización del plazo para formular alegaciones, no se incluirán en los listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias.

Las alegaciones habrán de referirse exclusivamente a la existencia de errores materiales, de hecho o aritméticos en relación con los requisitos señalados en el apartado 1 o a los pagos efectuados por el deudor a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose aportar en este caso justificación fehaciente de dichos pagos.

Como consecuencia del trámite de alegaciones, la Administración podrá acordar la rectificación del listado cuando se acredite fehacientemente que no concurren los requisitos legales determinados en el apartado 1 o cuando a la conclusión del plazo para formular alegaciones se hubiera satisfecho la totalidad de las deudas o sanciones tributarias.

Dicha rectificación también podrá ser acordada de oficio.

Practicadas las rectificaciones oportunas, se dictará el acuerdo de publicación.

La notificación del acuerdo se entenderá producida con su publicación y la del listado.

Mediante Orden Ministerial se establecerán la fecha de publicación, que deberá producirse en todo caso durante el primer semestre de cada año, y los correspondientes ficheros y registros.

La publicación se efectuará en todo caso por medios electrónicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet y los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación.

El tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por su normativa de desarrollo.

5. En el ámbito de competencias del Estado, será competente para dictar los acuerdos de publicación regulados en este artículo el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

6. En la publicación del listado se especificará que la situación en el mismo reflejada es la existente a la fecha de referencia señalada en el apartado 4, sin que la publicación del listado resulte afectada por las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha de referencia, salvo que se verifique el pago en los casos y con los requisitos señalados en dicho apartado.

Lo dispuesto en este artículo no afectará en modo alguno al régimen de impugnación establecido en esta Ley en relación con las actuaciones y procedimientos de los que se deriven las deudas y sanciones tributarias ni tampoco a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos iniciados o que se pudieran iniciar con posterioridad en relación con las mismas.

Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento establecido en este artículo en orden a la publicación de la información en el mismo regulada no constituyen causa de interrupción a los efectos previstos en el artículo 68 de esta Ley.

7. El acuerdo de publicación del listado pondrá fin a la vía administrativa.

Datos clave

  • Publicación de listados de deudores con deudas y sanciones pendientes superiores a 600.000 euros.
  • Deben no haberse pagado transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario; se excluyen las aplazadas o suspendidas.
  • Fecha de referencia: 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación.
  • Alegaciones en el plazo de 10 días desde la recepción de la comunicación.
  • Publicación durante el primer semestre de cada año, por medios electrónicos; los listados dejan de ser accesibles a los tres meses.
  • Competente en el ámbito estatal: el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • El acuerdo de publicación pone fin a la vía administrativa y no interrumpe la prescripción del artículo 68.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hacienda publica cada año la lista de grandes deudores: más de 600.000 euros pendientes tras el periodo voluntario, a 31 de diciembre del año anterior, con 10 días para alegar.

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Artículo 72. Ámbito de aplicación.

El artículo 72 del Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa delimita el ámbito del reembolso del coste de las garantías.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 58/2003, corresponderá efectuar el reembolso a la Administración, entidad u organismo que hubiese dictado el acto declarado improcedente.

El reembolso de los costes de las garantías aportadas para obtener la suspensión de la ejecución de un acto alcanzará a los costes necesarios para su formalización, mantenimiento y cancelación.

Si las resoluciones administrativas o sentencias judiciales declaran parcialmente improcedente el acto impugnado, el reembolso alcanzará a los costes proporcionales de la garantía que se haya reducido.

El procedimiento se limita al reembolso de esos costes. El obligado al pago que lo estime procedente podrá instar, en relación con otros costes o conceptos distintos, el procedimiento de responsabilidad patrimonial previsto en el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando se den las circunstancias previstas para ello.

Datos clave

  • Reembolsa la Administración, entidad u organismo que dictó el acto declarado improcedente (artículo 33 de la Ley 58/2003).
  • Alcanza los costes de formalización, mantenimiento y cancelación de la garantía.
  • Si la improcedencia es parcial, el reembolso alcanza los costes proporcionales de la garantía reducida.
  • Para otros costes o conceptos cabe el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El reembolso del coste de las garantías lo paga quien dictó el acto improcedente y cubre formalizar, mantener y cancelar la garantía; lo demás va por responsabilidad patrimonial.

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Artículo 73. Garantías cuyo coste es objeto de reembolso.

El artículo 73 del Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa enumera las garantías cuyo coste da derecho a reembolso.

El derecho alcanza a aquellas garantías que, prestadas de conformidad con la normativa aplicable, hayan sido aceptadas y que son las siguientes:

a) Avales o fianzas de carácter solidario de entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, o certificados de seguro de caución.

b) Hipotecas mobiliarias e inmobiliarias.

c) Prendas con o sin desplazamiento.

d) Cualquier otra que la Administración o los tribunales hubieran aceptado.

Datos clave

  • Solo las garantías prestadas conforme a la normativa aplicable y aceptadas.
  • Avales o fianzas solidarios de entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca y certificados de seguro de caución.
  • Hipotecas mobiliarias e inmobiliarias, y prendas con o sin desplazamiento.
  • Cualquier otra aceptada por la Administración o los tribunales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dan derecho a reembolso las garantías prestadas conforme a la normativa y aceptadas: avales y seguros de caución, hipotecas, prendas y cualquier otra aceptada.

¿Me lo sé? Flashcards

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Artículo 74. Determinación del coste de las garantías prestadas.

El artículo 74 del Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa determina las partidas que integran el coste de las garantías.

Apartado 1:

a) En avales o fianzas solidarios y certificados de seguro de caución: las cantidades efectivamente satisfechas a la entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o entidad aseguradora en concepto de primas, comisiones y gastos por formalización, mantenimiento y cancelación, devengados hasta la fecha en que se produzca la devolución de la garantía.

b) En hipotecas y prendas: las cantidades satisfechas por gastos derivados de la intervención de un fedatario público, gastos registrales, tributos derivados directamente de la constitución de la garantía y, en su caso, de su cancelación, y gastos derivados de la tasación o valoración de los bienes ofrecidos en garantía a que se refiere la normativa reguladora de las reclamaciones económico-administrativas.

c) Si se hubieran aceptado otras garantías, se admite el reembolso de sus costes, limitado exclusivamente a los costes acreditados en que se hubiera incurrido de manera directa para su formalización, mantenimiento y cancelación devengados hasta la fecha de devolución de la garantía.

d) En todo caso, se abonará el interés legal vigente que se devengue desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.

Apartado 2: si la garantía se constituyó mediante depósito de dinero, y sin perjuicio de los párrafos c) y d) del apartado 1 respecto a los costes de constitución del depósito, se abonará el interés legal vigente hasta el día en que se produzca la devolución del depósito.

Datos clave

  • Avales, fianzas y seguros de caución: primas, comisiones y gastos de formalización, mantenimiento y cancelación efectivamente satisfechos.
  • Hipotecas y prendas: fedatario público, gastos registrales, tributos de constitución y cancelación y tasación.
  • Otras garantías aceptadas: solo los costes acreditados incurridos de manera directa.
  • Se abona el interés legal vigente desde la fecha acreditada del coste hasta la fecha en que se ordene el pago.
  • Depósito de dinero: interés legal vigente hasta el día de la devolución del depósito.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué partidas integran el coste reembolsable según el tipo de garantía, más el interés legal desde que se pagaron hasta que se ordena el pago; el depósito de dinero devenga interés hasta su devolución.

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Artículo 75. Órganos competentes.

El artículo 75 del Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa fija los órganos competentes en el procedimiento de reembolso del coste de las garantías.

Será competente para acordar el reembolso la Administración, entidad u organismo que hubiese dictado el acto que haya sido declarado improcedente.

Serán órganos competentes para la tramitación los órganos de la Administración, entidad u organismo que determine su norma de organización específica.

Datos clave

  • Acuerda el reembolso la Administración, entidad u organismo que dictó el acto declarado improcedente.
  • Tramitan los órganos que determine su norma de organización específica.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Acuerda el reembolso quien dictó el acto improcedente; lo tramitan los órganos que diga su norma de organización.

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Artículo 76. Iniciación.

El artículo 76 del Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa regula la iniciación del procedimiento de reembolso del coste de las garantías.

El procedimiento se iniciará a instancia del interesado mediante escrito dirigido al órgano competente para su resolución, con el contenido del artículo 2.

A la solicitud se acompañarán:

a) Copia de la resolución administrativa o sentencia judicial firme por la que se declare improcedente total o parcialmente el acto administrativo o deuda cuya ejecución se suspendió.

b) Acreditación del importe al que ascendió el coste de las garantías cuyo reembolso se solicita e indicación de la fecha efectiva de pago.

c) Declaración expresa del medio elegido para el reembolso, de entre los señalados por la Administración competente. Si no los hubiera señalado, el interesado podrá optar por transferencia bancaria (con código de cuenta y datos de la entidad de crédito) o cheque cruzado o nominativo. Si no señaló medio de pago, el reembolso se efectuará mediante cheque.

d) En su caso, una solicitud de compensación, en los términos del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Datos clave

  • Se inicia solo a instancia del interesado, con escrito dirigido al órgano competente para resolver.
  • Debe acompañarse copia de la resolución o sentencia firme que declara improcedente el acto, total o parcialmente.
  • Debe acreditarse el importe del coste de las garantías y la fecha efectiva de pago.
  • Medios si la Administración no los señala: transferencia bancaria o cheque cruzado o nominativo; sin elección, cheque.
  • Puede incluirse una solicitud de compensación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El reembolso solo se inicia a instancia del interesado, con escrito que acompaña la resolución firme, la acreditación del coste, el medio de pago elegido y, si se quiere, una compensación.

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Artículo 77. Tramitación.

El artículo 77 del Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa regula la tramitación del procedimiento de reembolso del coste de las garantías.

El órgano que tramite podrá llevar a cabo las actuaciones necesarias para comprobar la procedencia del reembolso solicitado y recabar los informes e instar las actuaciones que juzgue necesarios.

Si el escrito de solicitud no reuniera los datos del apartado 1 del artículo anterior o no adjuntara la documentación del apartado 2.b), se procederá a la subsanación de acuerdo con el artículo 2.2. El plazo concedido para la subsanación podrá ampliarse a petición del interesado cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales debidamente acreditadas.

Finalizadas las actuaciones y antes de redactar la propuesta de resolución, se dará audiencia al interesado para que alegue lo que considere conveniente a su derecho. Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones que las presentadas por el interesado.

Datos clave

  • La subsanación se rige por el artículo 2.2 (requerimiento de 10 días).
  • El plazo de subsanación puede ampliarse a petición del interesado ante dificultades especiales debidamente acreditadas.
  • Audiencia al interesado antes de redactar la propuesta de resolución.
  • Se puede prescindir de la audiencia si solo se tienen en cuenta los hechos y alegaciones del interesado.

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Tramitación del reembolso: comprobaciones e informes, subsanación con plazo ampliable por dificultades acreditadas y audiencia previa a la propuesta, que puede omitirse.

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Artículo 78. Resolución.

El artículo 78 del Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa regula la resolución del procedimiento de reembolso del coste de las garantías.

Plazo: el órgano competente dictará la resolución y la notificará en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en que el escrito de solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su resolución.

Contenido: cuando resulte procedente el reembolso, se acordará el de las cantidades previstas en el artículo 74, en cuanto hayan quedado debidamente acreditadas y correspondan a la suspensión del acto declarado total o parcialmente improcedente.

Silencio: transcurrido el plazo sin notificación, el interesado podrá entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer contra la resolución presunta el correspondiente recurso o reclamación. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Recursos: la resolución que ponga fin al procedimiento será reclamable en la vía económico-administrativa, previo recurso potestativo de reposición.

Datos clave

  • Plazo máximo para resolver y notificar: seis meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente.
  • Silencio administrativo negativo: el interesado puede entender desestimada la solicitud.
  • La resolución expresa posterior al plazo no queda vinculada al sentido del silencio.
  • Es reclamable en vía económico-administrativa, previo recurso potestativo de reposición.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El reembolso se resuelve y notifica en seis meses desde la entrada de la solicitud; el silencio es desestimatorio y cabe reposición potestativa y reclamación económico-administrativa.

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Artículo 79. Ejecución.

El artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa regula la ejecución de la resolución que reconoce el reembolso del coste de las garantías.

Dictada la resolución por la que se reconoce el derecho al reembolso del coste de la garantía aportada, se expedirá el oportuno mandamiento de pago en favor de la persona o entidad acreedora, por el medio que resulte procedente según lo dispuesto en el artículo 76.

Datos clave

  • Reconocido el derecho al reembolso, se expide el mandamiento de pago a favor de la persona o entidad acreedora.
  • El pago se efectúa por el medio que resulte procedente según el artículo 76.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Reconocido el derecho al reembolso del coste de la garantía, se expide el mandamiento de pago al acreedor por el medio que corresponda.

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Artículo 154. Control de otras obligaciones formales.

1. El procedimiento para la comprobación del cumplimiento de obligaciones tributarias formales distintas de las reguladas en las subsecciones anteriores se iniciará de oficio.

La Administración tributaria podrá realizar las actuaciones previstas en los párrafos b), c) y d) del artículo 136.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Una vez concluidas las actuaciones de comprobación, se dará audiencia al obligado tributario, por un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo.

3. Finalizado el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones de comprobación en diligencia que deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

a) Obligación tributaria o elementos de la misma comprobados y ámbito temporal objeto de la comprobación.

b) Especificación de las actuaciones concretas realizadas.

c) Relación de hechos que motivan la diligencia.

4. La diligencia se incorporará al expediente sancionador que, en su caso, se inicie o que se hubiera iniciado como consecuencia del procedimiento, sin perjuicio de la remisión que deba efectuarse cuando resulte necesario para la iniciación de otro procedimiento de aplicación de los tributos.

5. El procedimiento de comprobación de otras obligaciones formales terminará de alguna de las siguientes formas:

a) Por diligencia.

b) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin haberse formalizado la diligencia que pone fin al procedimiento.

c) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento.

6. Finalizado el procedimiento de comprobación de otras obligaciones formales mediante diligencia, la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado al que se refiere el apartado 3.a) de este artículo, salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha diligencia.

Datos clave

  • El procedimiento de comprobación de otras obligaciones formales se inicia de oficio.
  • Audiencia al obligado tributario: plazo de 10 días desde el día siguiente a la notificación de la apertura del plazo.
  • El resultado se documenta en diligencia con obligación o elementos comprobados y ámbito temporal, actuaciones realizadas y relación de hechos.
  • Terminación: por diligencia, por caducidad (artículo 104 de la Ley 58/2003) o por inicio de comprobación limitada o inspección.
  • Tras la diligencia no cabe nueva regularización del objeto comprobado, salvo nuevos hechos o circunstancias resultantes de actuaciones distintas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El control de otras obligaciones formales (distintas de las anteriores) se inicia de oficio, da audiencia de 10 días antes de cerrar, y se documenta en diligencia que impide una nueva regularización sobre lo ya comprobado salvo que aparezcan hechos nuevos.

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