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Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. El Reglamento: Concepto, caracteres y clases. Límites de los reglamentos. Reglamentos ilegales.

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Constitución Española · Art. 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Datos clave

  • Enumera los principios que garantiza el art. 9.3 → Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
  • ¿Qué tres verbos usa el art. 9.2 para el mandato a los poderes públicos? → Promover las condiciones, remover los obstáculos y facilitar la participación.
  • Cuenta siete garantías en el 9.3 y memoriza los extremos: abre 'legalidad' y cierra 'interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.
  • 9.1 sujeción · 9.2 igualdad real (promover, remover, facilitar) · 9.3 los siete principios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Todos sujetos a la Constitución y al ordenamiento; mandato a los poderes públicos de hacer real la libertad y la igualdad (promover, remover, facilitar) y siete principios garantizados en el art. 9.3.

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Constitución Española · Art. 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Datos clave

  • ¿Qué mayoría exige aprobar una ley orgánica? → Mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto.
  • Cita tres materias reservadas a ley orgánica según este artículo. → Desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, y régimen electoral general.
  • Truco para las materias reservadas: Desarrollo de derechos, Estatutos de Autonomía, Electoral general, y Resto que fije la Constitución («DEER»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Qué materias van por ley orgánica (derechos fundamentales, Estatutos, régimen electoral general y demás previstas) y con qué mayoría: absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto.

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Constitución Española · Art. 82

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Datos clave

  • ¿Qué tipo de ley delega para formar un texto articulado nuevo? → Una ley de bases.
  • ¿Qué tipo de ley delega para refundir varios textos legales? → Una ley ordinaria.
  • ¿Puede el Gobierno subdelegar la potestad legislativa que se le ha delegado? → No, en ninguna autoridad distinta de él mismo.
  • ¿Cuándo se agota la delegación legislativa? → Con el uso que haga de ella el Gobierno, al publicar la norma correspondiente.
  • Regla rápida: ley de bases crea (texto articulado); ley ordinaria une (texto refundido).
  • La delegación es como un cheque de un solo cobro: se agota con el primer uso del Gobierno.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las Cortes pueden delegar en el Gobierno dictar normas con rango de ley: ley de bases para textos articulados, ley ordinaria para refundir. Delegación expresa, para materia concreta, con plazo y sin subdelegación.

Esquema

Ley de bases frente a ley ordinaria de delegación
Ley de basesLey ordinaria
ObjetoFormación de textos articuladosRefundir varios textos legales en uno solo
Qué debe fijarObjeto y alcance, principios y criteriosÁmbito normativo; mera formulación o también regularizar, aclarar y armonizar

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Constitución Española · Art. 83

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Datos clave

  • Las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases.
  • Tampoco pueden facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dos cosas que una ley de bases tiene vedadas «en ningún caso»: autorizar que se modifique la propia ley de bases y facultar para dictar normas retroactivas.

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Constitución Española · Art. 84

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Datos clave

  • ¿Quién puede oponerse a la tramitación de una proposición de ley contraria a una delegación legislativa vigente? → El Gobierno.
  • ¿Qué cabe hacer frente a esa oposición del Gobierno? → Presentar una proposición de ley para derogar, total o parcialmente, la ley de delegación.
  • Frente a la oposición del Gobierno a la tramitación, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si una proposición de ley o una enmienda contraría una delegación legislativa en vigor, el Gobierno puede oponerse a su tramitación; entonces cabe una proposición de ley para derogar total o parcialmente la ley de delegación.

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Constitución Española · Art. 85

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Datos clave

  • Las disposiciones de legislación delegada se denominan Decretos Legislativos.
  • Es el Gobierno quien las dicta.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Nombre que reciben las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada: Decretos Legislativos.

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Constitución Española · Art. 86

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Datos clave

  • ¿Qué materias no puede afectar un Decreto-ley? → El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general.
  • ¿En qué plazo y ante quién se somete a votación un Decreto-ley? → En los treinta días siguientes a su promulgación, ante el Congreso de los Diputados, en debate y votación de totalidad.
  • ¿Qué pueden hacer las Cortes durante ese plazo? → Tramitar el Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
  • Las cuatro materias vedadas son un bloque de cuatro: instituciones básicas, Título I, Comunidades Autónomas y Derecho electoral general.
  • Un solo plazo en todo el artículo: treinta días desde la promulgación.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno puede dictar Decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, sin afectar a cuatro materias; el Congreso los convalida o deroga en treinta días y las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley.

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Constitución Española · Art. 87

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Datos clave

  • ¿Cuántas firmas mínimas exige la iniciativa legislativa popular? → 500.000 firmas acreditadas.
  • ¿Cuántos miembros de la Asamblea autonómica pueden defender su proposición de ley ante el Congreso? → Un máximo de tres.
  • ¿En qué materias no procede la iniciativa popular? → Ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, y prerrogativa de gracia.
  • Número clave: 500.000 firmas acreditadas.
  • Materias vetadas a la iniciativa popular: Tributarias, Internacional, Orgánicas, Prerrogativa de gracia («TIOP»).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La iniciativa legislativa es del Gobierno, Congreso y Senado; las Asambleas autonómicas pueden pedir o remitir textos; la iniciativa popular exige no menos de 500.000 firmas y está vetada en ciertas materias.

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Constitución Española · Art. 88

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Datos clave

  • Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros.
  • Después se someten al Congreso.
  • Deben acompañarse de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los proyectos de ley los aprueba el Consejo de Ministros y los somete al Congreso, acompañados de exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse.

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Constitución Española · Art. 89

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Datos clave

  • ¿Qué ocurre cuando el Senado toma en consideración una proposición de ley? → Se remite al Congreso, que la tramita como proposición de ley.
  • Ojo al verbo: el Senado «toma en consideración», no «aprueba»; y lo que llega al Congreso sigue siendo proposición, nunca proyecto.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las proposiciones de ley se tramitan según los Reglamentos de las Cámaras; la prioridad de los proyectos no impide la iniciativa del art. 87, y las que toma en consideración el Senado pasan al Congreso como proposición.

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Constitución Española · Art. 90

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Datos clave

  • ¿Cuánto tiempo tiene el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley ordinario? → Dos meses desde la recepción del texto.
  • ¿A cuánto se reduce ese plazo si el proyecto es urgente? → A veinte días naturales.
  • ¿Qué mayoría necesita el veto del Senado para ser válido? → Mayoría absoluta.
  • Encadena los plazos: 2 meses tiene el Senado para vetar o enmendar; 20 días naturales si es urgente; y otros 2 meses cuentan desde el veto para que baste mayoría simple en el Congreso.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Tramitación en el Senado de los proyectos aprobados por el Congreso: dos meses (veinte días naturales si son urgentes) para vetar por mayoría absoluta o enmendar, y cómo levanta el Congreso el veto.

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Constitución Española · Art. 91

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Datos clave

  • El Rey sanciona las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
  • El plazo para sancionarlas es de quince días.
  • Tras sancionarlas, las promulga y ordena su publicación inmediata.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Rey sanciona en quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulga y ordena su inmediata publicación.

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Artículo 96

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Datos clave

  • Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
  • Sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional.
  • La denuncia de tratados y convenios internacionales sigue el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno; solo se derogan, modifican o suspenden según el propio tratado o el Derecho internacional. La denuncia sigue el procedimiento del art. 94.

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Constitución Española · Art. 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Datos clave

  • ¿Qué dos potestades ejerce el Gobierno según el artículo 97? → La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
  • ¿A qué está sometida la potestad reglamentaria del Gobierno? → A la Constitución y las leyes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 22 · Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno

Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno.

El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título.

Datos clave

  • ¿A qué norma remite el art. 22 para el ejercicio de la iniciativa y la potestad reglamentaria? → Al Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y al presente Título de la Ley del Gobierno.
  • Dos remisiones y una sola cifra que memorizar: Título VI de la Ley 39/2015.
  • Regla de descarte: si una pregunta sobre el art. 22 cita anteproyectos, memoria económica o doble elevación al Consejo de Ministros, está usando la redacción anterior.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Artículo puente: el Gobierno ejerce la iniciativa y la potestad reglamentaria conforme al Título VI de la Ley 39/2015 y a lo que diga este mismo Título de la Ley del Gobierno.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 23 · Disposiciones de entrada en vigor

Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.

Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria.

Datos clave

  • ¿En qué fechas deben entrar en vigor las normas del Gobierno que imponen nuevas obligaciones a quienes ejercen una actividad económica o profesional? → El 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
  • ¿Qué normas quedan excluidas de esa regla? → Los reales decretos-leyes, y los casos en que el plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas lo aconsejen, acreditándolo en la Memoria.
  • Dos fechas y solo dos: 2 de enero y 1 de julio. Ojo al día: es 2 de enero, no 1.
  • Excepciones: reales decretos-leyes siempre fuera; lo demás, solo con justificación acreditada en la Memoria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las normas del Gobierno que imponen nuevas obligaciones a quien ejerce una actividad económica o profesional deben entrar en vigor el 2 de enero o el 1 de julio siguientes, con excepciones tasadas.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 24 · De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros

Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros.

1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes:

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución.

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.

d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.

f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.

2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:

1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros.

2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.

Datos clave

  • ¿Qué forma revisten las decisiones del Consejo de Ministros que no deban adoptar la de Real Decreto? → La de Acuerdos del Consejo de Ministros (art. 24.1.d).
  • ¿Qué forma adopta una disposición ministerial que afecta a varios Departamentos? → Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
  • Enuncia la jerarquía de los reglamentos del art. 24.2. → 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros; 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
  • Seis letras, a)-f): la letra a) corresponde a los Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes que aprueban las normas de los artículos 82 y 86 de la Constitución, y las demás se ordenan por autor: Presidente (b), Consejo de Ministros (c y d), Comisiones Delegadas (e) y Ministros (f).
  • Diferencia c) y d): Real Decreto para lo reglamentario y lo que deba revestir esa forma; Acuerdo para todo lo demás del Consejo de Ministros.
  • Jerarquía reglamentaria: dos peldaños, Real Decreto por encima de Orden Ministerial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Catálogo de formas que revisten las decisiones del Gobierno y de sus miembros, de la a) a la f), y la jerarquía de los reglamentos en dos escalones.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 25 · Plan Anual Normativo

Artículo 25. Plan Anual Normativo.

1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.

2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos.

3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.

Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan.

Datos clave

  • ¿Qué Ministerio coordina el Plan Anual Normativo? → El Ministerio de la Presidencia (art. 25.4).
  • ¿Qué hay que justificar si una norma no estaba en el Plan Anual Normativo? → El hecho, en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (art. 25.3).

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno aprueba cada año un Plan Normativo con las iniciativas previstas, coordinado por el Ministerio de la Presidencia para evitar descoordinación y cambios normativos sucesivos.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 26

Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento: 1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. b) Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica. d) Cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. e) Cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia. f) Cuando se acuerde la tramitación urgente de iniciativas normativas, en los términos previstos en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales. 3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación. b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública regulado en el apartado 2. h) Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación y adaptación al mismo. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda. 5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administración o a un órgano u Organismo dotado de especial independencia o autonomía. El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo estos ser emitidos en un plazo no superior a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior. En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública una vez emitidos el resto de informes que conformen el expediente, a excepción en su caso del dictamen del Consejo de Estado, y antes de ser sometida al órgano competente para promulgarla. Si transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud y de los textos definitivos de la propuesta no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida la aprobación. Será además necesario informe previo del Ministerio de Política Territorial cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas. 7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente. 8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y su normativa de desarrollo. 9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando en las Cortes Generales. c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito. d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma cuando fuere preceptivo. e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado. g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno. Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la realización de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento. 10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. 11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10.

Datos clave

  • ¿Cuál es el plazo mínimo de la consulta pública previa? → 15 días naturales (art. 26.2).
  • ¿Cuál es el plazo mínimo de la audiencia e información pública, y a cuánto puede reducirse? → 15 días hábiles, reducible a 7 (art. 26.6).
  • ¿Qué plazo tienen los informes preceptivos si los emite otra Administración? → Un mes (art. 26.5).
  • Mnemotecnia: «naturales para consultar, hábiles para escuchar» — consulta pública en naturales, audiencia pública en hábiles.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Fija el procedimiento completo de elaboración de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reglamentos: estudios previos, consulta pública, Memoria de Impacto Normativo, informes, audiencia pública, dictamen del Consejo de Estado y aprobación final.

Esquema

Procedimiento de elaboración de una norma
Estudios y consultaspreviosConsulta pública (≥15días)Memoria de ImpactoNormativoInformes preceptivosAudiencia e info.públicaDictamen Consejo deEstadoComisión General SEySConsejo de Ministros:aprueba

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 27

Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos: a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea. b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto mencionará la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de fundamento. 2. La tramitación por vía de urgencia implicará que: a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. Si, en aplicación de la normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo. b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días. c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración cuando se reciba.

Datos clave

  • ¿Quién acuerda la tramitación urgente de una iniciativa normativa y a propuesta de quién? → El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa.
  • ¿Qué ocurre con los plazos del procedimiento en la tramitación urgente? → Se reducen a la mitad de su duración.
  • ¿Qué plazo tiene la audiencia o información pública del art. 26.6 en tramitación urgente? → Siete días.
  • ¿Dónde debe constar la existencia del acuerdo de tramitación urgente? → En la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, junto con las circunstancias que le sirven de fundamento.
  • Dos causas (a y b) y tres efectos (a, b y c). Los efectos en tres verbos: reducir a la mitad, suprimir la consulta previa y no esperar al informe que no llega.
  • Cifra suelta que cae: siete días para la audiencia o información pública del art. 26.6 en tramitación urgente.
  • Tres tipos de norma afectados: anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reales decretos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La tramitación urgente de iniciativas normativas en la AGE: quién la acuerda, en qué dos casos y qué tres efectos produce sobre plazos, consulta pública e informes.

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Ley 50/1997 del Gobierno · Art. 28

Informe anual de evaluación. 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa. 2. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas a que se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y deberá comprender, en todo caso: a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines pretendidos con su aprobación. b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias. c) La sostenibilidad de la disposición. El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del análisis.

Datos clave

  • ¿Antes de qué fecha se aprueba el informe anual de evaluación? → Antes del 30 de abril de cada año.
  • ¿Qué tres extremos comprende en todo caso la evaluación? → La eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de la norma.
  • ¿A propuesta de qué órgano lo aprueba el Consejo de Ministros? → Del Ministerio de la Presidencia.
  • Tres letras, tres criterios: a) eficacia, b) eficiencia, c) sostenibilidad. Se parecen las dos primeras, pero la eficacia mira los fines y la eficiencia mira las cargas.
  • Cadena de memoria del artículo: propone Presidencia, aprueba el Consejo de Ministros, tope el 30 de abril.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Consejo de Ministros aprueba cada año, antes del 30 de abril y a propuesta del Ministerio de la Presidencia, el informe que mide cómo se cumplió el Plan Anual Normativo del año anterior y cómo están funcionando las normas que tocaba evaluar.

Esquema

Eficacia y eficiencia en la evaluación normativa
EficaciaEficiencia
Letra del artículoa)b)
Qué mideLa medida en que la norma ha conseguido los fines pretendidos con su aprobaciónLas cargas administrativas que podrían no haber sido necesarias

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 127

Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquéllas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Datos clave

  • ¿Cómo ejerce el Gobierno de la Nación la iniciativa legislativa? → Mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.
  • ¿Qué normas con rango de ley puede aprobar el Gobierno según el art. 127? → Reales decretos-leyes y reales decretos legislativos, en los términos previstos en la Constitución.
  • Anteproyecto dentro, proyecto fuera: el nombre cambia al cruzar la puerta de las Cortes Generales.
  • Dos normas con rango de ley del Gobierno en este artículo: reales decretos-leyes y reales decretos legislativos. Las autonómicas son «normas equivalentes».

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El Gobierno de la Nación ejerce la iniciativa legislativa con anteproyectos que, aprobados, se remiten como proyectos a las Cortes Generales; además puede aprobar reales decretos-leyes y legislativos. Las Comunidades Autónomas, en paralelo, según su Estatuto.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 128

Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Datos clave

  • ¿Quiénes ejercen la potestad reglamentaria según el art. 128? → El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las CCAA y los órganos de gobierno local.
  • Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, y tampoco pueden regular las materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reservan a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas autonómicas.
  • La jerarquía es piramidal: cada disposición se ajusta a la de rango superior, nunca al revés.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Dice quién puede hacer reglamentos y hasta dónde llega esa potestad: nunca puede pisar terreno reservado a la ley (delitos, tributos, sanciones) ni saltarse la jerarquía normativa.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 129

Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados en negrita del párrafo tercero del apartado 4, por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Cuáles son los 6 principios de buena regulación (art. 129.1)? → Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
  • ¿Dónde debe justificarse la adecuación a estos principios? → En la exposición de motivos (ley) o el preámbulo (reglamento) (art. 129.1)
  • La STC 55/2018, de 24 de mayo, declaró el art. 129 contrario al orden constitucional de competencias en los términos de su fundamento jurídico 7 b), salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4, y declaró además la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos destacados del párrafo tercero del apartado 4.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En la iniciativa legislativa y reglamentaria, las Administraciones deben respetar los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, justificándolo en la exposición de motivos o el preámbulo.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 130

Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. 1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. 2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Qué deben revisar periódicamente las AAPP según el art. 130? → Su normativa vigente, para adaptarla a los principios de buena regulación.
  • ¿Qué sentencia declaró el art. 130 contrario al orden constitucional de competencias? → La STC 55/2018, de 24 de mayo (f.j. 7 b), Ref. BOE-A-2018-8574.
  • Asocia el 130 con la STC 55/2018: es la pista para reconocer la pregunta.
  • Buena regulación = revisar + informe público + cooperación económica; recuerda las tres patas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Obliga a las Administraciones a revisar periódicamente sus normas para comprobar que cumplen su objetivo y que el coste estaba bien calculado. Ojo: el TC declaró este artículo contrario al reparto constitucional de competencias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 131

Publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

Datos clave

  • ¿Qué efecto tiene la publicación en el diario oficial sobre una norma? → Es lo que le permite entrar en vigor y producir efectos jurídicos.
  • ¿Qué carácter tiene la publicación del BOE en su sede electrónica? → Carácter oficial y auténtico, con los mismos efectos que la edición impresa.
  • Publicar en el diario oficial no es un trámite más: es la condición para que la norma exista jurídicamente.
  • Complementario = añadido, nunca sustituto del diario oficial.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las normas con rango de ley, reglamentos y disposiciones administrativas se publican en el diario oficial para entrar en vigor y producir efectos; la edición electrónica vale como la impresa y el BOE en sede electrónica es oficial y auténtico.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 132

Planificación normativa. 1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y 7 c) por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Con qué periodicidad se elabora el Plan Normativo según el art. 132? → Anualmente.
  • ¿Dónde se publica el Plan Anual Normativo una vez aprobado? → En el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
  • El artículo 132 se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos de los fundamentos jurídicos 7 b) y 7 c) de la STC 55/2018.
  • Plan Normativo = anual y mira al año siguiente; publicación = Portal de la Transparencia.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada año la Administración debe hacer público su Plan Normativo con lo que piensa aprobar el año siguiente, y publicarlo en el Portal de la Transparencia. También fue declarado contrario al reparto constitucional de competencias.

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Ley 39/2015 (LPAC) · Art. 133

Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. 1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella. Téngase en cuenta que este artículo se declara contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado 4, en los términos del fundamento jurídico 7 c), por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE- A-2018-8574

Datos clave

  • ¿Qué 4 aspectos aborda la consulta pública previa (art. 133.1)? → Problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, objetivos y alternativas
  • ¿Cuándo puede omitirse la consulta pública previa (art. 133.4)? → En normas presupuestarias u organizativas, o por razones graves de interés público, entre otros casos

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Participación ciudadana en leyes y reglamentos: consulta pública previa sobre cuatro aspectos, audiencia e información pública sobre el texto, documentación clara y supuestos en que pueden omitirse estos trámites.

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