Delitos contra la Hacienda Pública. Procedimiento de inspección y delitos contra la Hacienda Pública. Delito de contrabando: Definición, tipificación, comiso y enajenación de bienes. Las liquidaciones vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.
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- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
- Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos
Artículo 305
El artículo 305 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal tipifica el delito contra la Hacienda Pública: la defraudación tributaria que supera un umbral de cuantía, con sus reglas de cómputo, la regularización y las especialidades de liquidación y cobro.
1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.
La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior:
a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.
b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.
3. Las mismas penas se impondrán a quien cometa las conductas descritas en el apartado 1 y a quien eluda el pago de cualquier cantidad que deba ingresar o disfrute de manera indebida de un beneficio obtenido legalmente, cuando los hechos se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de cien mil euros en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.
Si la cuantía defraudada no superase los cien mil euros pero excediere de diez mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.
4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.
La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.
5. Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.
La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.
La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
6. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.
7. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley.
Datos clave
- Umbral: cuota defraudada superior a 120.000 euros; prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo.
- Pérdida de subvenciones y de beneficios fiscales o de la Seguridad Social de tres a seis años.
- Tributos periódicos: lo defraudado en cada período; si es inferior a doce meses, se refiere al año natural.
- Hacienda de la Unión Europea: más de 100.000 euros en un año natural; más de 10.000 sin superar 100.000, prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo.
- Regularización: completo reconocimiento y pago antes de la notificación de actuaciones, la querella o denuncia, o el conocimiento formal de diligencias.
- El procedimiento penal no paraliza la acción de cobro, salvo suspensión judicial previa garantía.
- Pena inferior en uno o dos grados: pago y reconocimiento judicial antes de dos meses desde la citación como imputado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Defraudar a la Hacienda Pública es delito cuando la cuota pasa de ciento veinte mil euros. El artículo fija cómo se calcula la cuantía, la regularización que evita la pena, la liquidación separada, el cobro durante el proceso y la rebaja por pagar y reconocer.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 305 bis
El artículo 305 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal recoge el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública.
1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.
b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.
c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.
2. A los supuestos descritos en el presente artículo les serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el artículo 305.
En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.
Datos clave
- Pena: prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada.
- Cuota defraudada superior a 600.000 euros.
- Defraudación en el seno de una organización o de un grupo criminal.
- Uso de personas o entes interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales que oculte o dificulte la identidad, la cuantía o el patrimonio.
- Pérdida de subvenciones y beneficios de cuatro a ocho años.
- Se aplican las restantes previsiones del artículo 305.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tipo agravado del delito fiscal: prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo cuando la cuota pasa de seiscientos mil euros, hay organización o grupo criminal o se usan testaferros, fiducias o paraísos fiscales para ocultar.
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Artículo 306
El artículo 306 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal castiga el fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por esta.
El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por esta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el pago de cantidades que se deban ingresar o, dando, fuera de los casos contemplados en el artículo 308, a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.
Datos clave
- Umbral: cuantía superior a 50.000 euros.
- Pena: prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo; pérdida de beneficios de tres a seis años.
- Más de 4.000 sin superar 50.000 euros: prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo; pérdida de seis meses a dos años.
- Se aplica fuera de los casos del apartado 3 del artículo 305 y del artículo 308.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fraude a los presupuestos de la Unión Europea, en ingresos o en gastos, que no encaje en el 305.3 ni en el 308: delito a partir de cincuenta mil euros, con un tipo atenuado entre cuatro mil y cincuenta mil.
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Artículo 307
El artículo 307 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal tipifica el delito contra la Seguridad Social, con su regla de cómputo, la regularización y las especialidades procesales.
1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo.
La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales.
3. Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.
La regularización de la situación ante la Seguridad Social impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.
4. La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso penal.
5. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito.
6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.
Datos clave
- Umbral: más de 50.000 euros; prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo.
- Cuantía: importe total defraudado durante cuatro años naturales.
- Pérdida de subvenciones y beneficios de tres a seis años.
- Regularización antes de la notificación de actuaciones inspectoras, la querella o denuncia del Ministerio Fiscal o del Letrado de la Seguridad Social, o las diligencias.
- El procedimiento penal no paraliza la liquidación y cobro, salvo acuerdo judicial previa garantía.
- Pena inferior en uno o dos grados: pago y reconocimiento judicial antes de dos meses desde la citación como imputado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Defraudar a la Seguridad Social es delito por encima de cincuenta mil euros, sumando lo defraudado en cuatro años naturales. Igual que en el delito fiscal, cabe regularizar, el proceso no paraliza el cobro y hay rebaja por pagar y reconocer.
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Artículo 307 bis
El artículo 307 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal recoge el tipo agravado del delito contra la Seguridad Social.
1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros.
b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.
c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito.
2. A los supuestos descritos en el presente artículo le serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el artículo 307.
3. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.
Datos clave
- Pena: prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo.
- Cuantía superior a 120.000 euros.
- Defraudación en el seno de una organización o de un grupo criminal.
- Uso de personas o entes interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales.
- Pérdida de subvenciones y beneficios de cuatro a ocho años.
- Se aplican las restantes previsiones del artículo 307.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tipo agravado del delito contra la Seguridad Social: prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo si la cuantía pasa de ciento veinte mil euros, hay organización o grupo criminal o se usan interpuestos o paraísos fiscales.
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Artículo 307 ter
El artículo 307 ter de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal castiga la obtención fraudulenta de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.
Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
2. Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo.
En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años.
3. Quedará exento de responsabilidad criminal en relación con las conductas descritas en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en relación con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.
4. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.
El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.
6. Resultará aplicable a los supuestos regulados en este artículo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 307 del Código Penal.
Datos clave
- Tipo básico: prisión de seis meses a tres años; pérdida de beneficios de tres a seis años.
- Sin especial gravedad: multa del tanto al séxtuplo.
- Más de 50.000 euros o circunstancias b) o c) del artículo 307 bis.1: prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo; pérdida de cuatro a ocho años.
- Exención: reintegro con el interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales antes de la notificación de actuaciones, la querella o denuncia, o las diligencias.
- El procedimiento penal no impide el reintegro por vía administrativa ni paraliza la acción de cobro.
- Ejecución de multa y responsabilidad civil: auxilio de la Administración de la Seguridad Social por apremio.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Obtener o prolongar prestaciones de la Seguridad Social con engaño es delito sin umbral mínimo. Se agrava por encima de cincuenta mil euros y queda exento quien reintegra con intereses antes de que le avisen.
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Artículo 308
El artículo 308 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal tipifica el fraude de subvenciones, tanto en su obtención como en su aplicación.
1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.
2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas, incluida la Unión Europea, los aplique en una cantidad superior a cien mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.
3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.
4. Si la cuantía obtenida, defraudada o aplicada indebidamente no superase los cien mil euros pero excediere de diez mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.
5. A los efectos de determinar la cuantía a que se refiere este artículo, se atenderá al total de lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de si procede de una o de varias Administraciones Públicas conjuntamente.
6. Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1, 2 y 4 cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.
7. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1, 2 y 4 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.
El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
8. Los jueces y tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado o del responsable del delito.
Datos clave
- Obtención falseando condiciones por más de 100.000 euros: prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo.
- Misma pena por aplicar fondos a fines distintos en cantidad superior a 100.000 euros.
- Pérdida de subvenciones y beneficios de tres a seis años.
- Más de 10.000 sin superar 100.000 euros: prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo; pérdida de seis meses a dos años.
- Cuantía: el total, proceda de una o de varias Administraciones Públicas.
- Reintegro con el interés de demora antes de la notificación de actuaciones de comprobación o control, la querella o denuncia, o las diligencias.
- Pena inferior en uno o dos grados: reintegro y reconocimiento judicial antes de dos meses desde la citación como investigado.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Fraude de subvenciones: obtenerlas falseando condiciones o aplicarlas a otros fines por más de cien mil euros. Tipo atenuado entre diez mil y cien mil, cuantía sumada de todas las Administraciones y reintegro con intereses que evita la pena.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 308 bis
El artículo 308 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece reglas especiales para la suspensión de la ejecución de las penas impuestas por los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
1. La suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los delitos regulados en este Título se regirá por las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título III del Libro I de este Código, completadas por las siguientes reglas:
1.ª La suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta requerirá, además del cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 80, que el penado haya abonado la deuda tributaria o con la Seguridad Social, o que haya procedido al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas.
Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer la deuda tributaria, la deuda frente a la Seguridad Social o de proceder al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas y las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido. La suspensión no se concederá cuando conste que el penado ha facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.
La resolución por la que el juez o tribunal concedan la suspensión de la ejecución de la pena será comunicada a la representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda.
2.ª El juez o tribunal revocarán la suspensión y ordenarán la ejecución de la pena, además de en los supuestos del artículo 86, cuando el penado no dé cumplimiento al compromiso de pago de la deuda tributaria o con la Seguridad Social, al de reintegro de las subvenciones y ayudas indebidamente recibidas o utilizadas, o al de pago de las responsabilidades civiles, siempre que tuviera capacidad económica para ello, o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio. En estos casos, el juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la concesión de la libertad condicional.
2. En el supuesto del artículo 125, el juez o tribunal oirán previamente a la representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda, al objeto de que aporte informe patrimonial de los responsables del delito en el que se analizará la capacidad económica y patrimonial real de los responsables y se podrá incluir una propuesta de fraccionamiento acorde con dicha capacidad y con la normativa tributaria, de la Seguridad Social o de subvenciones.
Datos clave
- Régimen: Capítulo III del Título III del Libro I del Código, completado con reglas especiales.
- Requisito adicional al artículo 80: abono de la deuda o reintegro, o compromiso de pago que sea razonable esperar que se cumpla.
- No se concede si el penado ha facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.
- La resolución se comunica a la representación procesal de la Hacienda Pública, la Seguridad Social o la Administración concedente.
- Revocación, además de los supuestos del artículo 86, si incumple el compromiso teniendo capacidad económica.
- El juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la libertad condicional.
- Artículo 125: se oye antes a la representación procesal, que aporta informe patrimonial y puede proponer fraccionamiento.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Para suspender la prisión por delitos de este Título hace falta, además de lo general, pagar la deuda o reintegrar, o comprometerse a hacerlo de forma creíble. El incumplimiento del compromiso permite revocar la suspensión.
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Artículo 310
El artículo 310 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal castiga el delito contable de quien está obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales.
Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:
a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.
b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.
d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.
La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.
Datos clave
- Pena: prisión de cinco a siete meses.
- a) Incumplimiento absoluto de la obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.
- b) Contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
- c) y d) Operaciones no anotadas o con cifras distintas a las verdaderas, y anotaciones contables ficticias.
- Para c) y d): declaraciones omitidas o reflejo de la falsa contabilidad y más de 240.000 euros por ejercicio, sin compensación aritmética.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Delito contable: quien está obligado por ley tributaria a llevar contabilidad o libros y la incumple o falsea, con prisión de cinco a siete meses. Las omisiones y anotaciones ficticias exigen además un umbral de 240.000 euros por ejercicio.
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Artículo 310 bis
El artículo 310 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal fija las penas de las personas jurídicas responsables de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.
Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.
Datos clave
- Responsabilidad conforme al artículo 31 bis.
- Multa del tanto al doble si el delito de la persona física tiene prevista prisión de más de dos años.
- Multa del doble al cuádruple si tiene prevista prisión de más de cinco años.
- Multa de seis meses a un año en los supuestos del artículo 310.
- Pérdida de subvenciones y beneficios de tres a seis años; podrá imponerse la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.
- Atendido el artículo 66 bis, cabe imponer las penas de las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Penas de la persona jurídica responsable de estos delitos: multa proporcional según la prisión prevista para la persona física, multa de seis meses a un año en el delito contable, pérdida de beneficios y otras penas posibles.
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Artículo 1. Definiciones.
El artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, recoge las definiciones que se aplican a efectos de toda la Ley.
A los efectos de la presente Ley se entenderá por:
1. “Mercancía”: todo bien corporal susceptible de ser objeto de comercio.
A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda, y cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago se considerarán como mercancías cuando se oculten bien entre otras mercancías presentadas ante la aduana o bien en los medios de transporte en los que se encuentren.
2. “Mercancías comunitarias”: las mercancías definidas como tales en el apartado 18 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado).
3. “Mercancías no comunitarias”: las mercancías definidas como tales en el apartado 19 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado).
4. “Recinto aduanero”: todo lugar habilitado por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para:
a) La presentación en aduana de las mercancías no comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio español.
b) La presentación en aduana de las mercancías comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
c) El sometimiento a vigilancia aduanera de las mercancías comunitarias declaradas para el régimen de exportación, de perfeccionamiento pasivo, de tránsito o de depósito aduanero, desde el momento de la admisión de la correspondiente declaración en aduanas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), o de cualquier otra operación prevista en la normativa aduanera comunitaria.
5. “Autoridad aduanera”: el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y los servicios de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria encargados del control aduanero de conformidad con las normas de organización de la Agencia.
6. “Importación”: la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea, así como en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la entrada de mercancías desde las áreas exentas.
7. “Introducción”: la entrada en el territorio español de mercancías comunitarias procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea.
8. “Exportación”: la salida de mercancías del territorio español. No se considerará exportación la salida de mercancías comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea con destino final al resto de dicho territorio aduanero.
Con respecto a productos y tecnologías de doble uso, el concepto de “exportación” será el definido al efecto en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.
9. “Expedición”: la salida de mercancías del territorio español con destino final a otros Estados miembros de la Unión Europea.
10. “Áreas exentas”: las zonas y depósitos francos y los depósitos aduaneros definidos en los artículos 148 y 153 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), así como, en general, cualquier almacén, zona o ubicación en la que se depositen o almacenen mercancías no comunitarias en situación de depósito temporal a la espera de ser declaradas para un régimen aduanero.
11. “Géneros o efectos estancados”: los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condición.
12. “Géneros prohibidos”: todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio o producción estén prohibidos expresamente por tratado o convenio suscrito por España, por disposición con rango de ley o por reglamento de la Unión Europea. El carácter de prohibido se limitará para cada género a la realización de la actividad o actividades que de modo expreso se determinen en la norma que establezca la prohibición y por el tiempo que la misma señale.
13. “Material de defensa”: los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.
14. “Productos y tecnologías de doble uso”: los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso, y en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.
15. “Precursores de drogas”: las sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la fabricación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas enumeradas en los cuadros I y II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio, o en cualesquiera tratados o convenios internacionales sobre el mismo objeto suscritos por España.
16. “Sustancias químicas tóxicas y sus precursores”: las sustancias enumeradas en las listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993, definidas al efecto en su artículo II.
17. “Agentes biológicos o toxinas”: los incluidos en el artículo 1 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, de 10 de abril de 1972.
18. “Productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”: los incluidos en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 1236/2005, del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y los sucesivos reglamentos que lo actualicen.
19. “Mercancías sujetas a medidas de política comercial”: cualquier mercancía distinta de las mencionadas anteriormente para la que, con ocasión de la importación o exportación, se exija el cumplimiento de cualquier requisito de naturaleza no tributaria, como, por ejemplo, autorizaciones, licencias, permisos, homologaciones u obligaciones de etiquetado o circulación, establecidos por normativa nacional o comunitaria.
20. “Deuda aduanera”: la obligación definida como tal en el apartado 13 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado).
Datos clave
- Mercancía: todo bien corporal susceptible de ser objeto de comercio; los medios de pago ocultos se consideran mercancía.
- Recinto aduanero: lugar habilitado por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para presentación y vigilancia aduanera.
- Importación: entrada de mercancías no comunitarias en territorio español o en Ceuta y Melilla; se asimila la entrada desde áreas exentas.
- Introducción: entrada de mercancías comunitarias procedentes de otros Estados miembros; expedición: salida con destino a otros Estados miembros.
- Géneros estancados: los atribuidos por ley al Estado en monopolio, así como las labores del tabaco.
- Géneros prohibidos: los prohibidos por tratado o convenio suscrito por España, norma con rango de ley o reglamento de la UE.
- Precursores de drogas: sustancias de los cuadros I y II de la Convención de Viena de 20 de diciembre de 1988.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Diccionario de la Ley de Contrabando: veinte definiciones que se usan en todo el texto. Las más preguntadas: mercancía, importación frente a introducción, exportación frente a expedición, áreas exentas, géneros estancados y prohibidos.
Esquema
| Movimiento | Qué mercancía | Origen o destino | |
|---|---|---|---|
| Importación | Entrada | No comunitaria | Desde fuera; también Ceuta y Melilla y áreas exentas |
| Introducción | Entrada | Comunitaria | Desde otros Estados miembros |
| Exportación | Salida | Cualquiera | Del territorio español, salvo comunitarias al resto del territorio aduanero |
| Expedición | Salida | Cualquiera | Destino final a otros Estados miembros |
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Artículo 2. Tipificación del delito.
El artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, tipifica el delito de contrabando y fija los umbrales de valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos a partir de los cuales la conducta constituye delito. Su apartado 3 recoge los supuestos que son delito con independencia del valor, como el contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:
a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.
La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.
b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.
c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.
d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.
e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.
f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.
g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.
2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:
a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:
Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.
Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.
c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:
1.º La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
2.º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en el anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
3.º La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las autorizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
d) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación.
3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.
b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros.
4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 ó 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.
5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave.
6. Las personas jurídicas serán penalmente responsables en relación con los delitos tipificados en los apartados anteriores cuando en la acción u omisión en ellos descritas concurran las circunstancias previstas en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y en las condiciones en él establecidas.
7. Asimismo, cuando el delito se cometa en el seno, en colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica, le será de aplicación lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Datos clave
- Umbral general (apartado 1): valor igual o superior a 150.000 euros.
- Patrimonio Histórico Español, géneros estancados o prohibidos, especies del Convenio de Washington, material de defensa, doble uso y precursores (apartado 2): igual o superior a 50.000 euros.
- Labores de tabaco: delito si su valor es igual o superior a 15.000 euros.
- Drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o contrabando a través de una organización: delito con independencia del valor.
- Pluralidad de acciones en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión: cuenta el valor acumulado.
- Las conductas son punibles también por imprudencia grave.
- Personas jurídicas: responsables conforme al artículo 31 bis del Código Penal; entes sin personalidad jurídica: artículo 129.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El contrabando es delito según el valor: 150.000 euros como regla, 50.000 para patrimonio histórico, estancados, prohibidos, especies protegidas y material sensible, 15.000 para tabaco y sin umbral para drogas, armas y organizaciones.
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Artículo 3. Penalidad.
El artículo 3 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, establece la penalidad del delito de contrabando para personas físicas y jurídicas.
1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.
En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en esta última para los productos de la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior. En los demás casos previstos en el artículo 2 las penas se impondrán en su mitad superior.
En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.
2. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.
3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente:
a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de entre uno y tres años.
b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando; en los supuestos previstos en el artículo 2.3, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos.
4. La conspiración y la proposición para cometer un delito de contrabando de material de defensa, o de material o productos y tecnologías de doble uso serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a lo que corresponde a este delito.
Datos clave
- Pena general: prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes.
- Letras a), b) y e) del art. 2.1 (salvo e) para productos de la letra d)): penas en su mitad inferior; demás casos del art. 2: mitad superior.
- Comisión imprudente: pena inferior en un grado.
- Pena superior en un grado si se comete por medio o en beneficio de entidades con facilidad especial para la comisión.
- Persona jurídica: multa proporcional del duplo al cuádruplo y prohibición de subvenciones y contratar de uno a tres años.
- Supuestos del art. 2.2: suspensión de actividades de seis meses a dos años; supuestos del art. 2.3: clausura de locales.
- Conspiración y proposición en material de defensa o doble uso: pena inferior en uno o dos grados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Pena del contrabando: prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo, en mitad inferior o superior según el supuesto, rebajada por imprudencia y agravada por facilidad especial. Penas propias para las personas jurídicas.
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Artículo 4. Responsabilidad civil.
El artículo 4 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula el alcance de la responsabilidad civil en los procedimientos por delito de contrabando.
En los procedimientos por delito de contrabando la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda tributaria no ingresada que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción o por alguna de las causas previstas en el artículo 251.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, incluidos sus intereses de demora.
Cuando pudiera practicarse la liquidación de la deuda tributaria se observarán las reglas contenidas en la disposición adicional cuarta de esta Ley.
Respecto de la deuda aduanera se estará, asimismo, a lo previsto en la citada Disposición adicional cuarta.
Datos clave
- Comprende la totalidad de la deuda tributaria no ingresada que la Administración no haya podido liquidar.
- Causas: prescripción o las previstas en el artículo 251.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
- Incluye los intereses de demora.
- Si puede liquidarse la deuda tributaria, se aplican las reglas de la disposición adicional cuarta de la Ley.
- La deuda aduanera se rige también por la disposición adicional cuarta.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En el proceso por contrabando, la responsabilidad civil cubre la deuda tributaria que Hacienda no ha podido liquidar, con intereses de demora. Si sí puede liquidarse, o si es deuda aduanera, rige la disposición adicional cuarta.
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Artículo 4 bis. Ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil.
El artículo 4 bis de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, determina cómo se ejecutan la pena de multa y la responsabilidad civil derivadas del delito de contrabando. Los órganos judiciales cuentan para ello con el auxilio de la Administración Tributaria.
Para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los jueces y tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria, que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la Ley General Tributaria.
Datos clave
- Los jueces y tribunales recaban el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria.
- La Administración Tributaria exige la multa y la responsabilidad civil por el procedimiento administrativo de apremio.
- El apremio se sigue en los términos establecidos en la Ley General Tributaria.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La multa y la responsabilidad civil del contrabando no las cobra el juzgado: los jueces piden auxilio a la Administración Tributaria, que las exige por apremio según la Ley General Tributaria.
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Artículo 5. Comiso.
El artículo 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula el comiso como consecuencia de toda pena impuesta por delito de contrabando.
1. Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:
a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.
b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.
c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez o el Tribunal competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.
d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.
e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.
2. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.
3. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.
4. El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.
5. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.
6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) y c) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
Datos clave
- Se decomisan las mercancías objeto del delito, los materiales e instrumentos de fabricación, los medios de transporte, las ganancias y los instrumentos del delito.
- Medios de transporte de un tercero no partícipe: no se decomisan si el comiso resulta desproporcionado.
- Si no es posible el comiso, se acuerda por valor equivalente de otros bienes de los responsables.
- No hay comiso de bienes de lícito comercio propiedad o adquiridos por un tercero de buena fe.
- Comiso ampliado obligatorio en actividades de organización o grupo criminal.
- Los bienes decomisados se adjudican al Estado; los de lícito comercio los enajena la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Contrabando de drogas o precursores (art. 2.3 a): el destino corresponde a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones (Ley 17/2003).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Toda pena por contrabando lleva comiso de mercancías, instrumentos, transporte y ganancias, con excepciones para terceros. Cabe comiso por valor equivalente, comiso ampliado en organizaciones y comiso sin pena; los bienes van al Estado.
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Artículo 6. Intervención de bienes no monopolizados.
El artículo 6 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula la intervención de los bienes no monopolizados durante el proceso por contrabando.
1. El Juez o Tribunal acordarán la intervención de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el artículo anterior, a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga término al proceso.
2. La autoridad judicial, en atención a las circunstancias del hecho y a las de sus presuntos responsables, podrá designar a éstos como depositarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos, con prestación, en su caso, de la garantía que se establezca.
3. La autoridad judicial podrá acordar, asimismo, que, mientras se sustancia el proceso, los bienes, efectos e instrumentos intervenidos se utilicen provisionalmente por las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando.
Datos clave
- El Juez o Tribunal acuerda la intervención a resultas de la resolución que ponga término al proceso.
- Los presuntos responsables pueden ser designados depositarios, con prestación, en su caso, de garantía.
- Mientras se sustancia el proceso, los bienes pueden utilizarse provisionalmente por las fuerzas o servicios de persecución del contrabando.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Durante el proceso, el juez interviene los bienes que podrían decomisarse a la espera de la resolución final. Puede nombrar depositarios a los presuntos responsables o dejar que los usen provisionalmente quienes persiguen el contrabando.
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Artículo 7. Enajenación anticipada.
El artículo 7 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula la enajenación anticipada de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos.
1. Los bienes, efectos e instrumentos intervenidos podrán ser enajenados, si éste fuere su destino final procedente, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo en los siguientes casos:
a) Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos.
b) Cuando la autoridad judicial estime que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o dar lugar a disminución importante de su valor. Se entenderán comprendidos en este apartado las mercancías, géneros o efectos que sin sufrir deterioro material se deprecian por el transcurso del tiempo.
2. La enajenación a la que se refiere este artículo será ordenada por la autoridad judicial. A tal efecto se procederá a la valoración de las mercancías, géneros o efectos, cuando ésta no estuviere practicada, en la forma prevista en esta Ley.
3. El importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente proceso penal.
Datos clave
- Puede hacerse sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo.
- Supuesto a): expreso abandono por su propietario.
- Supuesto b): conservación peligrosa para la salud o seguridad pública o disminución importante de su valor, incluida la depreciación por el tiempo.
- La enajenación la ordena la autoridad judicial, previa valoración en la forma prevista en la Ley.
- El importe, deducidos los gastos, queda en depósito a resultas del proceso penal.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes intervenidos pueden venderse antes de la sentencia firme en dos casos: abandono expreso o riesgo de conservación o pérdida de valor. Lo ordena el juez y el dinero queda en depósito.
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Artículo 8. Adscripción de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos.
El artículo 8 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, regula la adscripción de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no son enajenables. Su uso se reserva a quienes persiguen el contrabando.
El uso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables quedarán adscritos a las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando de acuerdo con lo que prevea la legislación específica aplicable a esta materia.
Datos clave
- Se aplica a los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables.
- Su uso queda adscrito a las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando.
- La adscripción se hace de acuerdo con la legislación específica aplicable a esta materia.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Los bienes intervenidos que no pueden venderse quedan adscritos, para su uso, a las fuerzas o servicios que persiguen el contrabando, según su legislación específica.
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Artículo 9. Mercancías de monopolio.
El artículo 9 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, establece el tratamiento de las mercancías aprehendidas que pertenecen a los monopolios públicos.
1. Cuando las mercancías aprehendidas sean de las comprendidas en los monopolios públicos, la autoridad judicial a cuya disposición se hayan colocado procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de dichos monopolios.
2. La autoridad judicial podrá autorizar la realización de actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios respecto a las mercancías o géneros que hayan sido aprehendidos a reserva de la pertinente indemnización, si hubiese lugar a ella, según el contenido de la sentencia firme.
Datos clave
- La autoridad judicial procede en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de los monopolios.
- La autoridad judicial puede autorizar actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios.
- Esos actos de disposición quedan a reserva de la pertinente indemnización, según el contenido de la sentencia firme.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si lo aprehendido es mercancía de monopolio público, el juez sigue las normas del monopolio y puede autorizar a la compañía gestora a disponer de ella, a reserva de indemnizar según la sentencia firme.
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Artículo 10. Valoración de los bienes.
El artículo 10 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, fija las reglas para valorar los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando.
La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:
1. Si se trata de géneros estancados, por el precio máximo de venta al público. De no estar señalado dicho precio, se adoptará la valoración establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración previa tasación pericial.
2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.2 así como para la de los delitos de ilícito comercio, el juez recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.
3. Cuando los bienes, géneros o efectos sean objeto de importación o exportación y no se encuentren comprendidos en los apartados 1 y 2 anteriores, su valor será el precio medio declarado a las autoridades aduaneras de los productos semejantes clasificados en la subpartida a nivel de ocho dígitos y, en su defecto, a nivel de seis o cuatro dígitos de la nomenclatura prevista en el Reglamento (CEE) n.º 2658/1987 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, y en función de su tipo de operación.
4. En el resto de los casos, su precio oficial o, en su defecto, el precio medio de mercado español de bienes semejantes o el valor de venta, siempre que fuese superior al de compra o al coste de producción incrementados, en su caso, con el índice general de precios al consumo desde la fecha de compra o producción, y siempre que entre ese momento y la realización del delito hubiese transcurrido más de un año natural. El índice aplicable será el correspondiente a cada uno de los años naturales. Se aplicará el valor de compra o el coste de producción con el incremento indicado cuando razonablemente no pueda determinarse el valor de venta.
5. El valor se determinará en relación con la fecha de realización del ilícito o, de no conocerse ésta, en relación con el descubrimiento del ilícito o aprehensión de los bienes, géneros o efectos. A efectos de la determinación del precio medio, se tomará el mes natural anterior a la fecha fijada en el párrafo anterior.
Datos clave
- Géneros estancados: precio máximo de venta al público; si no hay asimilación posible, el juez fija el valor previa tasación pericial.
- Bienes de las letras a) y b) del art. 2.2: el juez recaba asesoramiento e informes de las Administraciones competentes.
- Importación o exportación: precio medio declarado de productos semejantes en la subpartida de ocho dígitos (o seis o cuatro) del Reglamento (CEE) 2658/1987.
- Resto de casos: precio oficial, precio medio de mercado español o valor de venta, con actualización por IPC si ha pasado más de un año natural.
- Fecha de referencia: la de realización del ilícito o, si no se conoce, la del descubrimiento o aprehensión.
- Para el precio medio se toma el mes natural anterior a esa fecha.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cómo se calcula el valor de lo contrabandeado, que decide si hay delito o infracción: estancados por precio máximo de venta, bienes sensibles con informes, importación y exportación por precio medio declarado y el resto por precio oficial o de mercado.
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Artículo 250. Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la Hacienda Pública.
1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, se continuará la tramitación del procedimiento con arreglo a las normas generales que resulten de aplicación, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, y con sujeción a las reglas que se establecen en el presente Título.
Salvo en los casos a que se refiere el artículo siguiente, procederá dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en liquidaciones diferentes aquellos que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública y aquellos que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.
2. La liquidación que en su caso se dicte, referida a aquellos elementos de la obligación tributaria que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública se ajustará a lo establecido en este Título.
En los supuestos a los que se refiere este apartado, la Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar, el procedimiento sancionador correspondiente a estos mismos hechos. En caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador, de no haber concluido éste con anterioridad, dicha conclusión se entenderá producida, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador en los casos a que se refiere el último párrafo de este apartado.
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.
De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración Tributaria iniciará, cuando proceda, el procedimiento sancionador administrativo de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.
3. La liquidación que se dicte en relación con conceptos tributarios que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública se ajustará en su tramitación al procedimiento ordinario que corresponda según lo dispuesto en el Capítulo IV del Título III de esta Ley y se sujetará al régimen de revisión establecido en su Título V.
Datos clave
- Artículo 250 de la Ley 58/2003, General Tributaria: ante indicios de delito contra la Hacienda Pública, la tramitación continúa con las normas generales, sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal.
- Procede dictar liquidación separando los elementos vinculados al posible delito y los no vinculados.
- Respecto de los elementos vinculados, la Administración se abstiene de iniciar o continuar el procedimiento sancionador; si estaba iniciado, se entiende concluido al pasar el tanto de culpa o remitir el expediente.
- La sentencia condenatoria impide la sanción administrativa por los mismos hechos; si no se aprecia delito, se inicia el sancionador conforme a los hechos probados por los tribunales.
- Los elementos no vinculados siguen el procedimiento ordinario del Capítulo IV del Título III y el régimen de revisión del Título V.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con indicios de delito fiscal la Administración sigue tramitando y liquida, pero separa lo vinculado al posible delito de lo no vinculado; sobre lo vinculado no sanciona.
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Artículo 251. Excepciones a la práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública.
1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, absteniéndose de practicar la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción del delito con arreglo a los plazos previstos en el artículo 131 del Código Penal.
b) Cuando de resultas de la investigación o comprobación, no pudiese determinarse con exactitud el importe de la liquidación o no hubiera sido posible atribuirla a un obligado tributario concreto.
c) Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigación o comprobación de la defraudación.
En los casos anteriormente señalados, junto al escrito de denuncia o de querella presentado por la Administración Tributaria, se trasladará también el acuerdo motivado en el que se justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias determinantes de la decisión administrativa de no proceder a dictar liquidación.
En estos casos no se concederá trámite de audiencia o alegaciones al obligado tributario.
2. En los supuestos señalados en el apartado anterior, la Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.
No obstante, en caso de que se hubiera iniciado un procedimiento sancionador, éste se entenderá concluido, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador si finalmente no se apreciara delito y de acuerdo con los hechos que, en su caso, los tribunales hubieran considerado probados.
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria y a imponer la sanción, de acuerdo con lo previsto en los artículos 68.1 y 189.3 de esta Ley.
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.
Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación realizadas durante el periodo de suspensión respecto de los hechos denunciados se tendrán por inexistentes.
3. En los supuestos anteriores, de no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración Tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los hechos que los órganos jurisdiccionales hubieran considerado probados en el periodo que reste hasta la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 150.1 de esta Ley o en el plazo de 6 meses si éste último fuese superior, a computar desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano competente que deba continuar el procedimiento.
El cómputo de los plazos de prescripción se iniciará de nuevo desde la entrada de la resolución judicial en el registro de la Administración Tributaria competente.
Datos clave
- Artículo 251 de la Ley 58/2003, General Tributaria: la Administración pasa el tanto de culpa o remite el expediente al Ministerio Fiscal, absteniéndose de liquidar (artículo 250.2), en tres supuestos.
- Supuestos: a) la liquidación pueda ocasionar la prescripción del delito (artículo 131 del Código Penal); b) no pueda determinarse con exactitud el importe o atribuirse a un obligado concreto; c) la liquidación pueda perjudicar la investigación o comprobación de la defraudación.
- Junto a la denuncia o querella se traslada el acuerdo motivado de no liquidar; no se concede trámite de audiencia o alegaciones al obligado.
- El procedimiento administrativo queda suspendido hasta sentencia firme, sobreseimiento o archivo, o devolución del expediente por el Ministerio Fiscal; el pase del tanto de culpa interrumpe la prescripción (artículos 68.1 y 189.3).
- Las actuaciones de comprobación e investigación durante la suspensión respecto de los hechos denunciados se tienen por inexistentes.
- Si no hay delito, la Administración reanuda en el periodo que reste hasta concluir el plazo del artículo 150.1 o en 6 meses si este fuese superior, desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tres casos en que, con indicios de delito, Hacienda no liquida y pasa directamente el tanto de culpa: riesgo de prescripción, importe o autor indeterminado y perjuicio a la investigación.
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Artículo 252. Regularización voluntaria.
La Administración Tributaria no pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente ni remitirá el expediente al Ministerio Fiscal salvo que conste que el obligado tributario no ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que se le hubiera notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de la deuda tributaria objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
La deuda tributaria se entiende integrada por los elementos a los que se refiere el artículo 58 de esta Ley, debiendo proceder el obligado tributario a la autoliquidación e ingreso simultáneo tanto de la cuota como de los intereses de demora y de los recargos legalmente devengados a la fecha del ingreso. No obstante, cuando los tributos regularizados voluntariamente no se exijan por el procedimiento de autoliquidación, el obligado tributario deberá presentar la declaración correspondiente, procediendo al ingreso de la totalidad de la deuda tributaria liquidada por la Administración en el plazo para el pago establecido en la normativa tributaria.
Lo dispuesto en este artículo resultará también de aplicación cuando la regularización se hubiese producido una vez prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.
Para determinar la existencia del completo reconocimiento y pago a que se refiere el primer párrafo de éste artículo, la Administración Tributaria podrá desarrollar las actuaciones de comprobación o investigación que resulten procedentes, aún en el caso de que las mismas afecten a periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley.
Datos clave
- Artículo 252 de la Ley 58/2003, General Tributaria: regularización voluntaria.
- No se pasa el tanto de culpa ni se remite el expediente al Ministerio Fiscal salvo que conste que el obligado no regularizó mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda antes de la notificación del inicio de actuaciones de comprobación o investigación o, en su defecto, antes de querella o denuncia o de actuaciones del Ministerio Fiscal o del Juez de Instrucción que den conocimiento formal de diligencias.
- La deuda tributaria se integra por los elementos del artículo 58: cuota, intereses de demora y recargos devengados a la fecha del ingreso, con autoliquidación e ingreso simultáneo.
- Se aplica también si la regularización se produce una vez prescrito el derecho a determinar la deuda.
- La Administración puede comprobar incluso periodos y conceptos afectados por la prescripción del artículo 66.a) para determinar el completo reconocimiento y pago.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La regularización voluntaria completa (reconocimiento y pago) antes de que se inicien actuaciones o se dirija querella o denuncia impide que Hacienda pase el tanto de culpa.
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Artículo 253
Artículo 253. Tramitación del procedimiento de inspección en caso de que proceda practicar liquidación.
1. Cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública y no concurran las circunstancias que impiden dictar liquidación de acuerdo con el artículo 251.1 de esta Ley, procederá formalizar una propuesta de liquidación vinculada a delito, en la que se expresarán los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa la misma.
Dicha propuesta se notificará al obligado tributario concediéndole el trámite de audiencia para que alegue lo que convenga a su derecho en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de notificación de la propuesta.
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la tramitación administrativa, producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 150.6 de esta Ley en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración Tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria, sin perjuicio de los que de aquellos pudiesen derivarse en caso de devolución del expediente por el Ministerio Fiscal o en caso de resolución judicial firme que obligue a practicar el ajuste previsto por el artículo 257.2 c) de esta Ley por no apreciar la existencia de delito contra la Hacienda Pública.
Transcurrido el plazo previsto para el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones presentadas en su caso, el órgano competente dictará una liquidación administrativa, con la autorización previa o simultánea del órgano de la Administración Tributaria competente para interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularización procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pública.
Una vez dictada la liquidación administrativa, la Administración Tributaria pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y el procedimiento de comprobación finalizará, respecto de los elementos de la obligación tributaria regularizados mediante dicha liquidación, con la notificación al obligado tributario de la misma, en la que se advertirá de que el período voluntario de ingreso sólo comenzará a computarse una vez que sea notificada la admisión a trámite de la denuncia o querella correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 255 de esta Ley.
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria y a imponer la sanción, de acuerdo con lo previsto en los artículos 68.1 y 189.3 de esta Ley.
2. La inadmisión de la denuncia o querella determinará la retroacción de las actuaciones inspectoras al momento anterior a aquel en que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito, procediendo en ese caso la formalización del acta que corresponda, que se tramitará de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su normativa de desarrollo.
La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en la Subsección 3.ª de la Sección 2.ª del Capítulo IV del Título III.
El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 150 de esta Ley o en seis meses, si éste último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano competente que deba continuar el procedimiento.
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 26, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación.
En estos casos se iniciará el cómputo de los plazos de prescripción del derecho a determinar la deuda y a imponer la sanción de acuerdo con lo indicado en el artículo 68.7 de esta Ley.
3. En los casos en los que, por un mismo concepto impositivo y periodo, quepa distinguir elementos en los que se aprecia una conducta dolosa que pueda ser determinante de un delito contra la Hacienda Pública, junto con otros elementos y cuantías a regularizar respecto de los que no se aprecia esa conducta dolosa, se efectuarán dos liquidaciones de forma separada.
A efectos de la cuantificación de ambas liquidaciones, se formalizará una propuesta de liquidación vinculada al delito y un acta de inspección, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) La propuesta de liquidación vinculada a delito comprenderá los elementos que hayan sido objeto de declaración, en su caso, a los que se sumarán todos aquellos elementos en los que se aprecie dolo, y se restarán los ajustes a favor del obligado tributario a los que éste pudiera tener derecho, así como las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota que le correspondan adicionalmente. Si la declaración presentada hubiera determinado una cuota a ingresar, ésta se descontará para el cálculo de esta propuesta de liquidación.
b) La propuesta de liquidación contenida en el acta comprenderá la totalidad de los elementos comprobados, con independencia de que estén o no vinculados con el posible delito, y se deducirá la cantidad resultante de la propuesta de liquidación a que se refiere el párrafo anterior.
No obstante, el obligado tributario podrá optar por la aplicación de un sistema de cálculo de ambas cuotas basado en la aplicación proporcional de las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota, en los términos que se determinen reglamentariamente. Esta opción deberá comunicarse a la Administración en el plazo de alegaciones posterior a la notificación de la propuesta de liquidación vinculada al delito.
Datos clave
- Artículo 253 de la Ley 58/2003, General Tributaria: si procede liquidar, se formaliza una propuesta de liquidación vinculada a delito con hechos y fundamentos de derecho.
- Se notifica al obligado con trámite de audiencia de 15 días naturales desde el siguiente al de la notificación.
- Los defectos procedimentales no extinguen la obligación tributaria vinculada a delito ni producen los efectos de las letras a) y b) del artículo 150.6.
- Dictada la liquidación, se pasa el tanto de culpa o se remite el expediente; el periodo voluntario de ingreso solo se computa desde la notificación de la admisión a trámite de la denuncia o querella (artículo 255).
- La inadmisión de la denuncia o querella retrotrae las actuaciones al momento anterior a la propuesta de liquidación vinculada a delito, con formalización del acta; el procedimiento finaliza en el periodo que reste hasta el plazo del artículo 150.1 o en seis meses si este fuera superior.
- Si hay elementos con dolo y otros sin él en un mismo concepto y periodo, se hacen dos liquidaciones separadas: propuesta vinculada a delito y acta de inspección; el obligado puede optar por un cálculo proporcional comunicándolo en el plazo de alegaciones.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando procede liquidar pese al delito: propuesta vinculada a delito con audiencia de 15 días naturales, liquidación autorizada, pase del tanto de culpa y, si hay dolo solo en parte, dos liquidaciones separadas.
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Artículo 254. Impugnación de las liquidaciones.
1. Frente a la liquidación administrativa dictada como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 250.2 de esta Ley, no procederá recurso o reclamación en vía administrativa, sin perjuicio del ajuste que proceda con arreglo a lo que se determine en el proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Penal y en el 257 de esta Ley, correspondiendo al Juez penal determinar en sentencia la cuota defraudada vinculada a los delitos contra la Hacienda Pública que hubiese sido liquidada al amparo de lo previsto en el apartado 5 del artículo 305 del Código Penal y en el Título VI de esta Ley.
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la tramitación administrativa, producirán los efectos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 150.6 de esta Ley en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración Tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria.
2. Frente a la liquidación que resulte de la regularización de los elementos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito, cabrá interponer los recursos y reclamaciones previstos en el Título V de esta Ley.
Datos clave
- Artículo 254 de la Ley 58/2003, General Tributaria: impugnación de las liquidaciones.
- Contra la liquidación dictada conforme al artículo 250.2 no procede recurso ni reclamación en vía administrativa, sin perjuicio del ajuste conforme al proceso penal (artículo 305 del Código Penal y artículo 257).
- Corresponde al Juez penal determinar en sentencia la cuota defraudada.
- Los defectos procedimentales no extinguen la obligación tributaria vinculada a delito.
- Contra la liquidación de elementos no vinculados al posible delito caben los recursos y reclamaciones del Título V.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La liquidación vinculada al delito no se recurre en vía administrativa: se ajusta a lo que fije el juez penal. La de los elementos no vinculados sí admite los recursos del Título V.
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Artículo 255. Recaudación de la deuda liquidada en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública.
En los supuestos a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, la existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paralizará las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada, salvo que el Juez hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución.
Las actuaciones administrativas dirigidas al cobro a las que se refiere el párrafo anterior se regirán por las normas generales establecidas en el Capítulo V del Título III de esta Ley, salvo las especialidades establecidas en el presente Título.
Una vez que conste admitida la denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública, la Administración Tributaria procederá a notificar al obligado tributario el inicio del período voluntario de pago requiriéndole para que realice el ingreso de la deuda tributaria liquidada en los plazos a que se refiere el artículo 62.2 de esta Ley.
Datos clave
- Artículo 255 de la Ley 58/2003, General Tributaria: recaudación de la deuda liquidada en caso de indicios de delito.
- El procedimiento penal no paraliza las actuaciones administrativas de cobro, salvo que el Juez acuerde suspender la ejecución.
- El cobro se rige por las normas generales del Capítulo V del Título III, con las especialidades del título.
- Admitida la denuncia o querella, se notifica el inicio del periodo voluntario de pago, requiriendo el ingreso en los plazos del artículo 62.2.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
El proceso penal no frena el cobro de la deuda liquidada salvo suspensión judicial; admitida la denuncia o querella, se abre el periodo voluntario de pago.
¿Me lo sé? Flashcards
Artículo 256. Causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación.
Frente a los actos del procedimiento de recaudación desarrollados para el cobro de la deuda tributaria liquidada conforme a lo dispuesto en el artículo 250.2 de esta Ley, solo serán oponibles los motivos previstos en los artículos 167.3, 170.3 y 172.1 segundo párrafo de esta Ley y su revisión se realizará conforme a lo dispuesto en el Título V de esta Ley.
Datos clave
- Artículo 256 de la Ley 58/2003, General Tributaria: causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación de la deuda liquidada conforme al artículo 250.2.
- Solo son oponibles los motivos previstos en los artículos 167.3, 170.3 y 172.1 segundo párrafo.
- La revisión se realiza conforme al Título V de la Ley.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Frente a la recaudación de la deuda vinculada a delito solo valen los motivos de oposición tasados de tres preceptos de la ley; la revisión, por el Título V.
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Artículo 257. Efectos de la resolución judicial sobre la liquidación tributaria.
1. La liquidación dictada por la Administración Tributaria en los supuestos a los que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, se ajustará a lo que se determine finalmente en el proceso penal en relación con la existencia y la cuantía de la defraudación.
2. El ajuste se realizará de la siguiente forma:
a) Si en el proceso penal se dictara sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda Pública y en dicho proceso se determinara una cuota defraudada idéntica a la liquidada en vía administrativa, no será necesario modificar la liquidación realizada, sin perjuicio de la liquidación de los intereses de demora y recargos que correspondan.
Si la cuantía defraudada que se determinara en el proceso penal difiriera, en más o en menos, de la fijada en vía administrativa, la liquidación dictada al amparo del artículo 250.2 de esta Ley deberá modificarse. En este caso, subsistirá el acto inicial, que será rectificado de acuerdo con el contenido de la sentencia para ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal como cuota defraudada.
Dicha modificación, practicada por la Administración Tributaria al amparo de lo dispuesto en el párrafo anterior, no afectará a la validez de las actuaciones recaudatorias realizadas, respecto de la cuantía confirmada en el proceso penal.
El acuerdo de modificación se trasladará al Tribunal competente para la ejecución, al obligado al pago y a las demás partes personadas en el procedimiento penal.
Si la cuantía defraudada que se determinara en el proceso penal fuese inferior a la fijada en vía administrativa, serán de aplicación las normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relación con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.
b) Si en el proceso penal no se apreciara finalmente la existencia de delito por inexistencia de la obligación tributaria, la liquidación administrativa será anulada siendo de aplicación las normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relación con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantías.
c) Si en el proceso penal se dictara resolución firme, no apreciándose delito por motivo diferente a la inexistencia de la obligación tributaria, procederá la retroacción de las actuaciones inspectoras al momento anterior en el que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito prevista en el artículo 253.1 de esta Ley, teniendo en cuenta los hechos que el órgano judicial hubiese considerado probados, procediendo la formalización del acta, que se tramitará de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su normativa de desarrollo.
La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en la Subsección 3.ª de la Sección 2.ª del Capítulo IV del Título III de esta Ley.
El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 150 de esta Ley o en seis meses, si éste último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para la reanudación de las actuaciones.
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 26, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación.
Esta liquidación se sujetará al régimen de revisión y recursos propios de toda liquidación tributaria regulado en el Título V de esta Ley, pero no podrán impugnarse los hechos considerados probados en la sentencia judicial.
En estos casos se iniciará el cómputo del plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda y a imponer la sanción de acuerdo con lo indicado en el artículo 68.7 de esta Ley.
Datos clave
- Artículo 257 de la Ley 58/2003, General Tributaria: la liquidación del artículo 250.2 se ajusta a lo que se determine en el proceso penal sobre la existencia y cuantía de la defraudación.
- Si la cuota defraudada es idéntica, no se modifica la liquidación (sin perjuicio de intereses y recargos); si difiere, la liquidación se rectifica conforme a la sentencia y el acuerdo se traslada al Tribunal, al obligado y a las partes.
- Si la cuantía es inferior, se aplican las normas generales de devolución de ingresos y reembolso del coste de las garantías.
- Si no hay delito por inexistencia de la obligación tributaria, la liquidación se anula.
- Si no hay delito por otro motivo, se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la propuesta de liquidación vinculada a delito (artículo 253.1) y se formaliza el acta; el procedimiento debe finalizar en el periodo que reste hasta el plazo del artículo 150.1 o en seis meses si este fuera superior.
- No podrán impugnarse los hechos considerados probados en la sentencia judicial.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La liquidación vinculada a delito se adapta a la sentencia penal: se mantiene si la cuota coincide, se rectifica si difiere, se anula si no hay obligación y se retrotrae si no hay delito por otro motivo.
Esquema
| Resultado penal | Efecto en la liquidación | |
|---|---|---|
| Condena, cuota idéntica | Misma cuota defraudada | No se modifica |
| Condena, cuota distinta | Cuantía en más o en menos | Subsiste el acto y se rectifica |
| Sin delito: no hay obligación | Inexistencia de la obligación tributaria | Se anula |
| Sin delito: otro motivo | Resolución firme por motivo diferente | Retroacción y formalización del acta |
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Artículo 258. Responsables.
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria liquidada conforme a lo preceptuado en el artículo 250.2 de esta Ley quienes hubieran sido causantes o hubiesen colaborado activamente en la realización de los actos que den lugar a dicha liquidación y se encuentren imputados en el proceso penal iniciado por el delito denunciado o hubieran sido condenados como consecuencia del citado proceso.
Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el procedimiento de liquidación y que vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento para exigir la responsabilidad establecida en este artículo, deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.
2. En relación con las liquidaciones a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, también resultarán de aplicación los supuestos de responsabilidad regulados en el artículo 42.2 de esta Ley.
3. En el recurso o reclamación contra el acuerdo que declare la responsabilidad prevista en el apartado 1 anterior sólo podrá impugnarse el alcance global de la citada responsabilidad.
4. Si en el proceso penal se acordara el sobreseimiento o absolución respecto de cualquiera de los responsables a que se refiere el apartado 1, la declaración de su responsabilidad será anulada, siendo de aplicación las normas generales establecidas en la normativa tributaria en relación con las devoluciones y reembolso del coste de garantías.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68.8 de esta Ley, en los supuestos de responsabilidad a que se refiere el apartado 1, interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables.
6. La competencia para dictar los acuerdos de declaración de responsabilidad en los supuestos regulados en los apartados 1 y 2 corresponderá al órgano de recaudación.
7. El plazo del procedimiento de declaración de responsabilidad se entenderá suspendido durante el periodo de tiempo que transcurra desde la presentación de la denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o el órgano judicial hasta la imputación formal de los encausados.
A las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación del procedimiento de declaración de responsabilidad previsto en este artículo les será de aplicación lo previsto en el artículo 81.6.e) de esta Ley.
Datos clave
- Artículo 258 de la Ley 58/2003, General Tributaria: son responsables solidarios de la deuda liquidada conforme al artículo 250.2 quienes hubieran sido causantes o colaborado activamente en los actos que dan lugar a la liquidación y estén imputados en el proceso penal o hayan sido condenados.
- También se aplican los supuestos de responsabilidad del artículo 42.2.
- En el recurso contra el acuerdo de responsabilidad solo puede impugnarse el alcance global de la responsabilidad.
- Si hay sobreseimiento o absolución, la declaración de responsabilidad se anula.
- Interrumpida la prescripción para un obligado, el efecto se extiende a todos los demás, incluidos los responsables.
- La competencia para declarar la responsabilidad corresponde al órgano de recaudación.
- El plazo del procedimiento de declaración de responsabilidad se suspende desde la presentación de la denuncia o querella hasta la imputación formal de los encausados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Responden solidariamente de la deuda vinculada a delito quienes causaron o colaboraron activamente y estén imputados o condenados; declara la responsabilidad el órgano de recaudación.
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Artículo 259. Especialidades en la liquidación de la deuda aduanera en supuestos de delito contra la Hacienda Pública.
1. La aplicación de lo establecido en el presente título VI respecto de los tributos que integran la deuda aduanera prevista en la normativa de la Unión Europea, se efectuará con las especialidades que se describen en los siguientes apartados de este artículo.
2. La Administración Tributaria únicamente se abstendrá de practicar la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley en los casos contemplados en los párrafos b) y c) del artículo 251.1 de esta Ley.
3. Cuando se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, el plazo para la liquidación y notificación de la deuda aduanera al deudor se regirá por las siguientes normas:
a) Cuando con arreglo a lo previsto en el apartado 2 de este artículo sea posible la liquidación de la deuda aduanera, se procederá a la práctica y notificación de la misma en los plazos de 5 o diez años previstos para la prescripción del delito contra la Hacienda de la Unión Europea, computados desde el nacimiento de la deuda.
b) Cuando con arreglo a lo previsto en el apartado 2 de este artículo no sea posible la liquidación de la deuda aduanera o bien la liquidación practicada deba ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal, el plazo para practicar la liquidación y notificar la deuda al deudor será de tres años y se computará desde el momento en que la autoridad judicial incoe la causa sin secreto para las partes personadas o, en su caso, desde el momento en que alcance firmeza la resolución judicial que ponga fin al procedimiento penal.
4. Lo dispuesto en los artículos 251 y 253 de esta Ley en relación con la interrupción de plazos o procedimientos, no resultará de aplicación en los supuestos del apartado 3.b) de este artículo.
5. En la tramitación del procedimiento de inspección cuando proceda dictar la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 de esta Ley, la aplicación del artículo 253 se efectuará conforme a las siguientes reglas:
a) Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción del delito con arreglo a los plazos previstos en el artículo 131 del Código Penal, la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o del expediente al Ministerio Fiscal podrá realizarse con carácter previo a la práctica de la liquidación administrativa.
b) En los casos en los que la Administración Tributaria se haya abstenido de practicar liquidación con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 251 de esta Ley, la tramitación del procedimiento administrativo se reanudará en el momento en que la autoridad judicial incoe la causa sin secreto para las partes personadas.
c) El período voluntario para el ingreso de la liquidación que se practique comenzará a computarse a partir de su notificación y se realizará en los plazos previstos en la normativa de la Unión Europea. El obligado tributario podrá solicitar la suspensión de la ejecución de la liquidación hasta la admisión de la denuncia o querella, prestando garantía o solicitando dispensa total o parcial de la misma cuando justifique la imposibilidad de aportarla y que la ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación.
d) En los supuestos del artículo 253.2 de esta Ley, la inadmisión de la denuncia o querella no implicará la anulación de la liquidación administrativa. La Administración Tributaria concederá trámite de audiencia, en el que el interesado podrá solicitar la consideración de aquellas cuestiones afectadas por las limitaciones previstas en el apartado 1 del artículo 253 de esta Ley. A la vista de las alegaciones, la Administración Tributaria dictará resolución manteniendo inalterada la liquidación de la deuda aduanera que se haya practicado o rectificándola si procede, manteniéndose los actos de recaudación previamente realizados, sin perjuicio en su caso, de adaptar las cuantías de las trabas y embargos realizados. La revisión de dicha resolución se regirá por lo dispuesto en el Título V de esta Ley.
6. En los supuestos a los que se refiere el artículo 257.2.c) de esta Ley, se aplicará lo dispuesto en el apartado 5.d) de este artículo.
Datos clave
- Artículo 259 de la Ley 58/2003, General Tributaria: especialidades de la deuda aduanera en supuestos de delito contra la Hacienda Pública.
- La Administración solo se abstiene de liquidar en los casos de las letras b) y c) del artículo 251.1.
- Si es posible liquidar, la liquidación se practica y notifica en los plazos de 5 o diez años de prescripción del delito contra la Hacienda de la Unión Europea, desde el nacimiento de la deuda.
- Si no es posible liquidar o debe ajustarse a la cuantía del proceso penal, el plazo es de tres años desde que la autoridad judicial incoe la causa sin secreto para las partes o desde la firmeza de la resolución judicial.
- El periodo voluntario de ingreso se computa desde la notificación y el obligado puede solicitar la suspensión de la ejecución hasta la admisión de la denuncia o querella, con garantía o dispensa total o parcial de ella.
- La inadmisión de la denuncia o querella no implica la anulación de la liquidación administrativa.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Reglas propias de la deuda aduanera con delito: solo dos excepciones para no liquidar, plazos de liquidación de 5 o diez años o de tres años, y la inadmisión de la querella no anula la liquidación.
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Artículo 260. Disposiciones generales.
1. Corresponde a la Administración Tributaria la realización de las actuaciones necesarias para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.
2. Se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades administrativas necesarias para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivados de dichas decisiones.
3. Además de en los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, lo dispuesto en este Título resultará de aplicación en cualquier supuesto en que, en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, resulte procedente exigir el reintegro de cantidades percibidas en concepto de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.
4. No podrán disfrutar de beneficios fiscales que constituyan ayudas estatales según el ordenamiento comunitario quienes hubieran percibido ayudas de Estado declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior, con una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, hasta que tales ayudas no se hayan reembolsado.
Datos clave
- Artículo 260 de la Ley 58/2003, General Tributaria: disposiciones generales sobre la recuperación de ayudas de Estado.
- Corresponde a la Administración Tributaria ejecutar las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.
- Esas actividades se consideran aplicación de los tributos.
- Se aplica a cualquier reintegro de ayudas de Estado exigido en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea que afecte al ámbito tributario.
- No pueden disfrutar de beneficios fiscales que constituyan ayudas estatales quienes tengan pendiente una orden de recuperación de ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior, hasta que las reembolsen.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La Administración Tributaria ejecuta las decisiones de recuperación de ayudas de Estado fiscales, eso es aplicación de los tributos, y quien deba devolver una ayuda ilegal no disfruta de nuevos beneficios hasta reembolsarla.
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Artículo 261. Procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado.
1. Son procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado los siguientes:
a) Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión.
b) Procedimiento de recuperación en otros supuestos.
2. La ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado también se podrá llevar a cabo mediante el procedimiento de inspección regulado en la sección 2.ª del capítulo IV del título III cuando el alcance de dicho procedimiento exceda de lo dispuesto en el artículo 265.1 de esta Ley.
En estos casos, procederá dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en liquidaciones diferentes aquellos a los que se refiera la decisión y aquellos que no estén vinculados a la misma.
Datos clave
- Artículo 261 de la Ley 58/2003, General Tributaria: procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado.
- Son dos: a) recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión; b) recuperación en otros supuestos.
- También puede ejecutarse mediante el procedimiento de inspección cuando su alcance exceda del artículo 265.1; entonces se liquidan por separado los elementos afectados por la decisión y los no vinculados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Dos procedimientos para recuperar ayudas de Estado (con regularización de la obligación afectada o en otros supuestos), además de la inspección cuando su alcance va más allá.
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Artículo 262. Prescripción.
1. Prescribirá a los diez años el derecho de la Administración para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria que, en su caso, resulte de la ejecución de la decisión de recuperación.
2. El plazo de prescripción empezará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la aplicación de la ayuda de Estado en cumplimiento de la obligación tributaria objeto de regularización hubiese surtido efectos jurídicos conforme a la normativa tributaria.
3. El plazo de prescripción se interrumpe:
a) Por cualquier actuación de la Comisión o de la Administración Tributaria a petición de la Comisión que esté relacionada con la ayuda de Estado.
b) Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de la deuda tributaria derivada de aquellos elementos afectados por la decisión de recuperación, o a la exigencia de su pago.
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o pago de la deuda tributaria o por la interposición de los recursos procedentes.
4. El plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en que la decisión de recuperación sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Datos clave
- Artículo 262 de la Ley 58/2003, General Tributaria: prescripción a los diez años del derecho a determinar y exigir la deuda que resulte de la decisión de recuperación.
- El plazo empieza el día siguiente a aquel en que la ayuda surtió efectos jurídicos conforme a la normativa tributaria.
- Se interrumpe por actuaciones de la Comisión o de la Administración a petición de la Comisión, por acciones de la Administración con conocimiento formal del obligado y por actuaciones fehacientes del obligado o recursos.
- Se suspende mientras la decisión de recuperación sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La deuda derivada de recuperar una ayuda de Estado prescribe a los diez años desde que la ayuda surtió efectos, con interrupción por la Comisión, la Administración o el obligado.
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Artículo 263. Efectos de la ejecución de la decisión de recuperación.
1. Cuando existiese una resolución o liquidación previa practicada por la Administración Tributaria en relación con la obligación tributaria afectada por la decisión de recuperación de la ayuda de Estado, la ejecución de dicha decisión determinará la modificación de la resolución o liquidación, aunque sea firme.
2. Los intereses de demora se regirán por lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea.
Datos clave
- Artículo 263 de la Ley 58/2003, General Tributaria: efectos de la ejecución de la decisión de recuperación.
- La ejecución determina la modificación de la resolución o liquidación previa, aunque sea firme.
- Los intereses de demora se rigen por la normativa de la Unión Europea.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Ejecutar una decisión de recuperación de ayuda de Estado obliga a modificar la resolución o liquidación previa aunque sea firme; los intereses de demora siguen la normativa de la Unión Europea.
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Artículo 264. Recursos contra el acto de ejecución.
La resolución o liquidación derivada de la ejecución de la decisión de recuperación será susceptible de recurso de reposición y, en su caso, de reclamación económico-administrativa, en los términos previstos en esta Ley.
Si la resolución o liquidación se somete a revisión de acuerdo con el apartado anterior, sólo será admisible la suspensión de la ejecución de los actos administrativos mediante la aportación de garantía consistente en depósito de dinero en la Caja General de Depósitos.
Datos clave
- Artículo 264 de la Ley 58/2003, General Tributaria: recursos contra el acto de ejecución.
- La resolución o liquidación es susceptible de recurso de reposición y, en su caso, de reclamación económico-administrativa.
- Si se somete a revisión, solo es admisible la suspensión mediante garantía consistente en depósito de dinero en la Caja General de Depósitos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La resolución o liquidación que ejecuta la recuperación admite reposición y reclamación económico-administrativa, pero solo se suspende con depósito de dinero en la Caja General de Depósitos.
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Artículo 265. Recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación.
1. En el procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión, la Administración Tributaria se limitará a la comprobación de aquellos elementos de la obligación a los que se refiere dicha decisión.
2. En este procedimiento, la Administración Tributaria podrá realizar únicamente las siguientes actuaciones:
a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.
b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración Tributaria.
c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, incluida la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.
d) Requerimientos de información a terceros.
3. Las actuaciones del procedimiento podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración Tributaria, a cuyo efecto serán de aplicación las reglas contenidas en los artículos 142.2 y 151 de esta Ley.
4. El examen de los documentos y las actuaciones referidas en los apartados anteriores se entenderán efectuados a los solos efectos de determinar la procedencia de la recuperación de la ayuda de Estado, sin que impida ni limite la ulterior comprobación de los mismos hechos o documentos.
Datos clave
- Artículo 265 de la Ley 58/2003, General Tributaria: en la recuperación con regularización, la Administración se limita a comprobar los elementos a los que se refiere la decisión.
- Actuaciones permitidas: examen de datos de declaraciones y justificantes; de datos y antecedentes en poder de la Administración; de registros, documentos y contabilidad mercantil, y facturas; y requerimientos de información a terceros.
- Pueden realizarse fuera de las oficinas de la Administración (artículos 142.2 y 151).
- El examen se entiende efectuado solo para determinar la procedencia de la recuperación, sin limitar una ulterior comprobación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En la recuperación con regularización, Hacienda solo comprueba los elementos afectados por la decisión y con cuatro tipos de actuaciones tasadas, sin cerrar una comprobación posterior.
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Artículo 266. Inicio.
1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, que se determinará en las normas de organización específica de la Administración Tributaria.
2. El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a los obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza y alcance de las mismas e informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.
Cuando los datos en poder de la Administración Tributaria sean suficientes para formular la propuesta de liquidación, el procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha propuesta.
Datos clave
- Artículo 266 de la Ley 58/2003, General Tributaria: el procedimiento de recuperación con regularización se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente según las normas de organización específica.
- El inicio se notifica mediante comunicación que expresa naturaleza y alcance y los derechos y obligaciones del obligado.
- Si los datos son suficientes, puede iniciarse mediante la notificación de la propuesta de liquidación.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La recuperación con regularización se inicia siempre de oficio, con comunicación de naturaleza, alcance, derechos y obligaciones, o directamente con la propuesta de liquidación si hay datos.
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Artículo 267. Tramitación.
1. Las actuaciones del procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión se documentarán en las comunicaciones y diligencias a las que se refiere el apartado 7 del artículo 99 de esta Ley.
2. Los obligados tributarios deberán atender a la Administración Tributaria y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la Administración la documentación y demás elementos solicitados.
3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración Tributaria deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que, en un plazo de 10 días, alegue lo que convenga a su derecho.
Datos clave
- Artículo 267 de la Ley 58/2003, General Tributaria: las actuaciones se documentan en las comunicaciones y diligencias del artículo 99.7.
- Los obligados deben atender a la Administración, personarse en el lugar, día y hora señalados y aportar la documentación solicitada.
- Antes de la liquidación provisional se comunica la propuesta de liquidación, con plazo de 10 días para alegar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Tramitación de la recuperación con regularización: se documenta en comunicaciones y diligencias, el obligado colabora y comparece, y hay 10 días de alegaciones antes de la liquidación provisional.
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Artículo 268. Terminación.
1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión terminará de alguna de las siguientes formas:
a) Por resolución expresa de la Administración Tributaria, que deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
1.º Elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación y ámbito temporal objeto de las actuaciones.
2.º Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
3.º Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la decisión de recuperación.
b) Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto del procedimiento de recuperación.
2. El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento regulado en el artículo 104 de esta Ley no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación. En este caso, no se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones administrativas desarrolladas durante dicho plazo.
En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la realización de actuaciones con conocimiento formal del interesado con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el párrafo anterior.
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones administrativas, éstas deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el artículo 104 de esta Ley o en el plazo de tres meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para la reanudación del procedimiento de recuperación de ayudas de Estado.
Datos clave
- Artículo 268 de la Ley 58/2003, General Tributaria: el procedimiento termina por resolución expresa o por el inicio de un procedimiento inspector que incluya su objeto.
- La resolución debe contener: elementos afectados y ámbito temporal; hechos y fundamentos de derecho; liquidación provisional o manifestación de que no procede regularizar.
- El incumplimiento del plazo del artículo 104 no determina la caducidad; en ese caso no se considera interrumpida la prescripción por las actuaciones durante dicho plazo.
- Si una resolución judicial ordena retroacción por defectos formales, las actuaciones finalizan en el periodo que reste hasta el plazo del artículo 104 o en tres meses si este fuera superior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La recuperación con regularización termina por resolución expresa o por inicio de una inspección; pasarse del plazo no causa caducidad, pero lo actuado en plazo no interrumpe la prescripción.
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Artículo 269. Procedimiento de recuperación en otros supuestos.
1. Cuando la ejecución de la decisión de recuperación no implique la regularización de una obligación tributaria, el procedimiento a seguir será el regulado en este capítulo.
2. Para la ejecución de la decisión de recuperación el órgano competente tendrá las facultades que se reconocen a la Administración Tributaria en el artículo 162 de esta Ley, con los requisitos allí establecidos.
Datos clave
- Artículo 269 de la Ley 58/2003, General Tributaria: se aplica el procedimiento de recuperación en otros supuestos cuando la ejecución de la decisión no implique regularizar una obligación tributaria.
- El órgano competente tiene las facultades del artículo 162 con los requisitos allí establecidos.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si recuperar la ayuda de Estado no exige regularizar una obligación tributaria, se sigue este procedimiento, con las facultades del artículo 162 de la ley.
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Artículo 270. Inicio.
El procedimiento de recuperación se iniciará de oficio.
El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a los obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza de las mismas e informará de sus derechos y obligaciones en el curso de aquellas.
La comunicación de inicio contendrá la propuesta de resolución, concediéndose un plazo de 10 días al obligado tributario para que alegue lo que convenga a su derecho.
Datos clave
- Artículo 270 de la Ley 58/2003, General Tributaria: el procedimiento de recuperación en otros supuestos se inicia de oficio.
- El inicio se notifica por comunicación que expresa la naturaleza de las actuaciones y los derechos y obligaciones del obligado.
- La comunicación contiene la propuesta de resolución, con plazo de 10 días para alegar.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La recuperación en otros supuestos empieza de oficio con una comunicación que ya trae la propuesta de resolución y abre 10 días de alegaciones.
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Artículo 271. Terminación.
1. El procedimiento de recuperación terminará por resolución expresa de la Administración Tributaria, que deberá notificarse en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del procedimiento, salvo que la decisión de recuperación establezca un plazo distinto, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 268.2 de esta Ley.
2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
a) Acuerdo de modificación, en el sentido de la decisión de recuperación, de la resolución previamente dictada por la Administración o, en su caso, manifestación expresa de que no procede modificación alguna como consecuencia de la decisión de recuperación.
b) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.
c) Liquidación en el supuesto de que la ejecución de la decisión de recuperación determine la exigencia de deuda tributaria, en particular, procedente del devengo de intereses de demora conforme a lo establecido en el artículo 263.2 de esta Ley.
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones administrativas, estas deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1, o en el plazo de dos meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para la reanudación del procedimiento de recuperación de ayudas de Estado.
Datos clave
- Artículo 271 de la Ley 58/2003, General Tributaria: el procedimiento termina por resolución expresa notificada en el plazo de cuatro meses desde la notificación del inicio, salvo plazo distinto de la decisión de recuperación.
- La resolución contiene: acuerdo de modificación de la resolución previa o manifestación de que no procede; hechos y fundamentos de derecho; y liquidación si procede (en particular intereses de demora del artículo 263.2).
- Si una resolución judicial ordena retroacción por defectos formales, las actuaciones finalizan en el periodo que reste hasta el plazo del apartado 1 o en dos meses si este fuera superior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La recuperación en otros supuestos se resuelve en cuatro meses desde la notificación del inicio, salvo plazo distinto de la decisión; tras retroacción judicial, lo que reste o dos meses.
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Artículo 197 bis. Actuaciones a seguir en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública.
El artículo 197 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria regula las actuaciones cuando existen indicios de delito contra la Hacienda Pública.
1. Si la Administración tributaria aprecia indicios de delito contra la Hacienda Pública, pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remite el expediente al Ministerio Fiscal. Si la apreciación se produce en un procedimiento inspector, se sigue la tramitación del Título VI de la Ley 58/2003 y los artículos correspondientes del reglamento.
2. La apreciación de los indicios puede tener lugar en cualquier momento, aunque se hubiera dictado liquidación administrativa o incluso impuesto sanción. En ese caso, las propuestas de liquidación y de sanción formuladas quedan sin efecto y se suspende la ejecución de las liquidaciones y sanciones ya impuestas.
3. Si la jurisdicción o el Ministerio Fiscal no aprecian delito, la Administración inicia o continúa, cuando proceda, las actuaciones correspondientes de acuerdo con los hechos que los tribunales hayan considerado probados. Las liquidaciones y sanciones que se dicten, y aquellas cuya ejecución se reanude, se sujetan al régimen de revisión y recursos del Título V de la Ley 58/2003, sin que puedan impugnarse los hechos considerados probados en la resolución judicial.
Datos clave
- Con indicios de delito: tanto de culpa a la jurisdicción competente o remisión del expediente al Ministerio Fiscal.
- La apreciación puede producirse en cualquier momento, incluso con liquidación o sanción ya dictadas.
- Quedan sin efecto las propuestas de liquidación y sanción y se suspende la ejecución de las ya impuestas.
- Si no se aprecia delito, la Administración continúa con los hechos probados por los tribunales.
- Las liquidaciones y sanciones posteriores se revisan conforme al Título V de la Ley 58/2003, sin impugnar los hechos probados.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Con indicios de delito fiscal, la Administración pasa el tanto de culpa o remite al Ministerio Fiscal en cualquier momento, aunque ya haya liquidado o sancionado; si no hay delito, sigue con los hechos que los tribunales den por probados.
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Artículo 197 quater. Reglas generales de la tramitación del procedimiento inspector en caso de liquidación vinculada a delito.
El artículo 197 quater del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria fija las reglas de tramitación cuando procede una liquidación vinculada a delito.
1. Si se aprecian indicios de delito en un procedimiento inspector y no concurren las circunstancias que impiden liquidar según el artículo 251.1 de la Ley 58/2003, se dicta una propuesta de liquidación vinculada a delito, con los hechos y fundamentos de derecho, haciendo constar el derecho del obligado a alegar en el trámite de audiencia dentro de 15 días naturales, contados desde el día siguiente a la notificación de la propuesta.
2. La notificación puede hacerse al obligado o al representante autorizado por él en el procedimiento de inspección.
3. Transcurrido el plazo de audiencia y examinadas las alegaciones, el órgano competente para liquidar actúa así:
a) Dicta liquidación vinculada a delito con autorización previa o simultánea del órgano competente para interponer la denuncia o querella, previo informe del órgano de asesoramiento jurídico, cuando considere que la conducta pudiera ser constitutiva de delito. Si ese órgano no aprecia indicios, devuelve el expediente para su ultimación en vía administrativa.
b) Rectifica la propuesta si hubo error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas. Si la rectificación afecta a cuestiones no alegadas y agrava la situación del obligado, se notifica para alegaciones en 15 días naturales; en otro caso, se notifica sin más trámite la liquidación.
c) Devuelve el expediente para su ultimación en vía administrativa si considera que la conducta no es constitutiva de delito.
d) Acuerda completar el expediente, notificándolo al obligado. Después: si no se aprecian indicios, se ultima en vía administrativa; si se siguen apreciando y hay que modificar la propuesta, se rectifica con nuevo trámite de alegaciones de 15 días naturales; si se siguen apreciando sin modificar la propuesta, esta mantiene su vigencia y se dicta el acuerdo tras nuevo trámite de alegaciones de 15 días naturales.
4. Dictada la liquidación, la Administración pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remite el expediente al Ministerio Fiscal, y el procedimiento de comprobación finaliza, respecto de los elementos regularizados, con la notificación de la liquidación, en la que se advierte de que el periodo voluntario de ingreso solo comenzará a computarse una vez notificada la admisión a trámite de la denuncia o querella, conforme al artículo 255 de la Ley 58/2003.
Datos clave
- Propuesta de liquidación vinculada a delito con audiencia de 15 días naturales desde el día siguiente a su notificación.
- La liquidación vinculada a delito exige autorización previa o simultánea del órgano competente para denunciar o querellarse, previo informe del órgano de asesoramiento jurídico.
- Opciones del órgano liquidador: liquidar, rectificar la propuesta, devolver el expediente a la vía administrativa o completar el expediente.
- Nuevo trámite de alegaciones de 15 días naturales si se rectifica la propuesta con agravamiento o tras completar el expediente.
- El periodo voluntario de ingreso solo comienza tras la notificación de la admisión a trámite de la denuncia o querella (artículo 255 de la Ley 58/2003).
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Si no hay obstáculo del art. 251.1 LGT, la inspección formula propuesta de liquidación vinculada a delito con 15 días naturales de audiencia; el liquidador puede liquidar con autorización, rectificar, devolver o completar.
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Artículo 197 quinquies. Cálculo y tramitación de la liquidación vinculada a delito, en casos de concurrencia de cuota vinculada y no vinculada a delito contra la Hacienda Pública.
El artículo 197 quinquies del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria regula el cálculo y la tramitación cuando, por un mismo concepto impositivo y periodo, concurren elementos vinculados y no vinculados a un posible delito contra la Hacienda Pública.
1. Se aplica el artículo 197 quater con las especialidades de este precepto. Para verificar si los elementos vinculados determinan una cuota defraudada determinante del ilícito penal, se tiene en cuenta la letra a) del apartado siguiente.
2. Se efectúan dos liquidaciones provisionales de forma separada. Para cuantificarlas se formalizan una propuesta de liquidación vinculada a delito y un acta de inspección:
a) La propuesta de liquidación vinculada a delito comprende los elementos declarados, en su caso, a los que se suman los elementos con indicios de delito y se restan los ajustes a favor del obligado a los que tenga derecho en ese periodo. Se minoran además las partidas a compensar o deducir, salvo que el obligado ejercite la opción del apartado 3. Si la declaración presentada en plazo hubiera determinado cuota a ingresar, se descuenta para calcular esta propuesta.
b) La propuesta contenida en el acta comprende la totalidad de los elementos comprobados, estén o no vinculados al delito. La cantidad de la propuesta vinculada a delito minora la cuota de la propuesta del acta.
3. Si el obligado opta por la aplicación proporcional de las partidas a compensar o deducir, el importe a minorar en la liquidación vinculada a delito se determina aplicando al total de dichas partidas un coeficiente:
a) Numerador: la suma de los incrementos y disminuciones en la base imponible, multiplicada por el tipo medio de gravamen, y los incrementos y disminuciones en la cuota, todos vinculados con el posible delito.
b) Denominador: la suma de la totalidad de los incrementos y disminuciones en la base imponible multiplicada por el tipo medio de gravamen, y la totalidad de los de la cuota, estén o no vinculados al delito.
Se entiende por tipo medio de gravamen el resultado de dividir la cuota íntegra entre la base liquidable. El coeficiente se calcula prescindiendo de todas las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota.
Datos clave
- Con cuota vinculada y no vinculada a delito en el mismo concepto y periodo se hacen dos liquidaciones provisionales separadas.
- Se formalizan una propuesta de liquidación vinculada a delito y un acta de inspección.
- La cantidad de la propuesta vinculada a delito minora la cuota de la propuesta contenida en el acta.
- Opción de aplicación proporcional de partidas a compensar o deducir mediante un coeficiente (numerador: elementos vinculados; denominador: totalidad de elementos).
- Tipo medio de gravamen: cuota íntegra dividida entre base liquidable.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
Cuando en un mismo concepto y periodo hay cuota vinculada y no vinculada a delito, se hacen dos liquidaciones provisionales separadas: una propuesta vinculada a delito y un acta con todo, que se minora con la primera.
Esquema
| Propuesta vinculada a delito | Acta de inspección | |
|---|---|---|
| Contenido | Declarado + elementos con indicios − ajustes a favor | Totalidad de elementos comprobados |
| Relación | Su cantidad minora la del acta | Se minora con la propuesta vinculada |
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Artículo 197 sexies. Efectos de la resolución judicial sobre la liquidación vinculada a delito.
El artículo 197 sexies del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria regula los efectos de las resoluciones judiciales y decisiones del Ministerio Fiscal sobre la liquidación vinculada a delito.
1. Cuando la Administración tributaria haya dictado una liquidación vinculada a delito, se tienen en cuenta las distintas resoluciones judiciales y, en su caso, las decisiones del Ministerio Fiscal, en los términos de los apartados siguientes.
2. Sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda Pública:
a) Si la cuota defraudada fijada en el proceso penal es idéntica a la liquidada en vía administrativa, no hace falta modificar la liquidación, sin perjuicio de los intereses de demora y recargos. Se exigen los intereses devengados desde la fecha en que se dictó la liquidación vinculada a delito hasta la notificación al obligado de la admisión a trámite de la denuncia o querella.
b) Si la cuantía difiere, en más o en menos, la liquidación se modifica en ese sentido: subsiste el acto inicial, rectificado según la sentencia, sin afectar a la validez de las actuaciones recaudatorias respecto de la cuantía confirmada, y se ajustan los intereses de demora, exigiendo en todo caso los devengados hasta la admisión a trámite de la denuncia o querella. Se entiende sin perjuicio de exigir en vía administrativa los importes que, según los hechos probados, se adeuden aunque no formen parte de la cuota defraudada; si es necesario, se retrotrae el procedimiento inspector (apartado 4). Si la cuantía fijada en el proceso penal es inferior, se aplican las normas generales sobre devolución de ingresos y reembolso del coste de las garantías.
El acuerdo adoptado en los casos a) y b) se traslada al Tribunal competente para la ejecución, al obligado al pago y a las demás partes personadas, a efectos del artículo 999 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. Si en el proceso penal no se aprecia delito por inexistencia de la obligación tributaria, se anula la liquidación vinculada a delito, con aplicación de las normas generales sobre devoluciones y reembolso del coste de las garantías.
4. Procede la retroacción del procedimiento inspector al momento anterior a la propuesta de liquidación vinculada a delito, formalizando el acta que corresponda, en estos casos:
a) Devolución del expediente por el Ministerio Fiscal sin querella posterior de la Administración.
b) Inadmisión de la denuncia o querella.
c) Auto de sobreseimiento.
d) Resolución judicial firme que no aprecie delito por motivo distinto de la inexistencia de la obligación tributaria.
El procedimiento debe finalizar en el periodo que reste hasta la conclusión del plazo del artículo 150.1 de la Ley 58/2003 o en 6 meses, si fuese superior, desde la recepción del expediente. Se exigen intereses de demora por la nueva liquidación; el inicio del cómputo es el que, según el artículo 26.2 de la Ley 58/2003, hubiera correspondido a la liquidación anulada, y se devengan hasta que se dicte la nueva. El incumplimiento del plazo produce, respecto de las obligaciones pendientes de liquidar, los efectos del artículo 150.6 de la Ley 58/2003.
Datos clave
- Sentencia condenatoria con cuota idéntica: no se modifica la liquidación, salvo intereses de demora y recargos.
- Sentencia con cuantía distinta: se rectifica la liquidación vinculada a delito y se ajustan los intereses.
- Intereses exigibles en todo caso desde la liquidación vinculada a delito hasta la notificación de la admisión a trámite de la denuncia o querella.
- Sin delito por inexistencia de la obligación tributaria: se anula la liquidación vinculada a delito.
- Retroacción del procedimiento inspector: devolución del expediente por el Ministerio Fiscal, inadmisión, sobreseimiento o resolución firme sin delito por otro motivo.
- Tras la retroacción: plazo restante del artículo 150.1 o 6 meses si es superior.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
La sentencia penal manda: si confirma la cuota, la liquidación se mantiene; si la cambia, se rectifica; si no hay obligación tributaria, se anula; y en otros casos sin delito se retrotrae la inspección.
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Artículo 197 ter. Excepciones a la práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública y tramitación a seguir.
El artículo 197 ter del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria regula las excepciones a la práctica de liquidaciones cuando hay indicios de delito.
1. Si la Administración aprecia indicios de delito contra la Hacienda Pública en un procedimiento inspector, se abstiene de practicar la liquidación vinculada a delito en los supuestos del artículo 251.1 de la Ley 58/2003, sin perjuicio de otras excepciones que deriven de otras disposiciones. Estas excepciones afectan exclusivamente al concepto impositivo y periodo en que concurra la circunstancia.
2. Tramitación en estos casos:
a) No se concede trámite de audiencia o alegaciones al obligado tributario.
b) Se traslada el expediente al órgano competente para interponer la denuncia o querella, para su remisión a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal, previo informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico. Si ese órgano no aprecia indicios de delito, devuelve el expediente para su ultimación en vía administrativa, previa formalización, en su caso, del acta.
c) La remisión suspende el cómputo del plazo del procedimiento inspector en los términos del artículo 150.3 de la Ley 58/2003. La suspensión se comunica al obligado a efectos meramente informativos, salvo que con ello pudiera perjudicarse la investigación o comprobación de la defraudación, circunstancia que debe motivarse en el expediente.
3. La devolución del expediente por el Ministerio Fiscal sin querella posterior de la Administración, la inadmisión de la denuncia o querella o la resolución judicial firme que no aprecie delito determinan la continuación del procedimiento inspector, que debe finalizar en el periodo que reste hasta la conclusión del plazo del artículo 150.1 de la Ley 58/2003 o en 6 meses, si este último fuese superior, desde la recepción del expediente por el órgano competente.
Datos clave
- La Administración no practica liquidación vinculada a delito en los supuestos del artículo 251.1 de la Ley 58/2003; la excepción afecta solo al concepto y periodo concernidos.
- No se concede trámite de audiencia o alegaciones al obligado.
- El expediente va al órgano competente para denunciar o querellarse, previo informe del órgano de asesoramiento jurídico.
- La remisión suspende el plazo del procedimiento inspector (artículo 150.3 de la Ley 58/2003).
- Continuación del procedimiento: plazo restante del artículo 150.1 o 6 meses si es superior, desde la recepción del expediente.
Anotaciones Oposhark · para entenderlo
En los supuestos del art. 251.1 LGT no se liquida lo vinculado a delito: sin audiencia, el expediente va al órgano que denuncia, se suspende el plazo y, si no hay delito, la inspección continúa en el plazo restante o en 6 meses.