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Los tributos: Concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. La aplicación de la norma tributaria. Interpretación, calificación e integración. La analogía. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria. La simulación.

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Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos.

1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.

2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

Datos clave

  • Tributos: ingresos públicos consistentes en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública por la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir.
  • Fin primordial: obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos; también pueden ser instrumentos de la política económica general.
  • Clases: tasas, contribuciones especiales e impuestos, cualquiera que sea su denominación.
  • Tasas: utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, o servicios o actividades en régimen de derecho público que no sean de solicitud o recepción voluntaria o no se presten por el sector privado.
  • Contribuciones especiales: beneficio o aumento de valor de los bienes por obras públicas o establecimiento o ampliación de servicios públicos.
  • Impuestos: exigidos sin contraprestación; hecho imponible constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Los tributos son prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública al realizarse el supuesto de hecho legal, con el fin primordial de sostener el gasto público. Son tasas, contribuciones especiales e impuestos.

Esquema

Clases de tributos
TasaContribución especialImpuesto
Hecho imponibleUso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o servicio o actividad pública que afecta al obligadoBeneficio o aumento de valor de los bienes por obras o servicios públicosNegocios, actos o hechos que revelan capacidad económica
Nota distintivaAfecta o beneficia de modo particular al obligadoBeneficio o aumento de valor de sus bienesExigido sin contraprestación

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Artículo 12. Interpretación de las normas tributarias.

1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil.

2. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.

3. En el ámbito de las competencias del Estado, la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás normas en materia tributaria corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y a los órganos de la Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 88.5 de esta Ley.

Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por el Ministro serán de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Administración Tributaria.

Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los órganos de la Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 88.5 de esta Ley tendrán efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración Tributaria encargados de la aplicación de los tributos.

Las disposiciones interpretativas o aclaratorias previstas en este apartado se publicarán en el boletín oficial que corresponda.

Con carácter previo al dictado de las resoluciones a las que se refiere este apartado, y una vez elaborado su texto, cuando la naturaleza de las mismas lo aconseje, podrán ser sometidas a información pública.

Datos clave

  • Interpretación con arreglo al apartado 1 del artículo 3 del Código Civil.
  • Términos no definidos: sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.
  • Disposiciones interpretativas estatales: Ministro de Hacienda y órganos del artículo 88.5.
  • Las del Ministro son de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Administración Tributaria.
  • Las de los órganos del artículo 88.5 tienen efectos vinculantes para los órganos encargados de la aplicación de los tributos.
  • Se publican en el boletín oficial que corresponda y pueden someterse a información pública.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las normas tributarias se interpretan como dice el Código Civil y sus términos según su sentido jurídico, técnico o usual. El Ministro y ciertos órganos dictan disposiciones interpretativas con distinta fuerza.

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Artículo 13. Calificación.

Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.

Datos clave

  • Las obligaciones tributarias se exigen con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado.
  • Es indiferente la forma o denominación que los interesados le hubieran dado.
  • Se prescinde de los defectos que pudieran afectar a su validez.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones tributarias se exigen según la naturaleza jurídica real del hecho, acto o negocio, con independencia del nombre que le hayan dado los interesados y prescindiendo de sus posibles defectos de validez.

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Artículo 14. Prohibición de la analogía.

No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.

Datos clave

  • No se admite la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible.
  • Tampoco para extender el ámbito de las exenciones.
  • Ni el de los demás beneficios o incentivos fiscales.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Prohíbe usar la analogía para extender el hecho imponible, las exenciones y los demás beneficios o incentivos fiscales más allá de sus términos estrictos.

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Artículo 15. Conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

El artículo 15 de la Ley 58/2003, General Tributaria, regula el conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

1. Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.

b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.

2. Para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria será necesario el previo informe favorable de la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de esta ley.

3. En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en este artículo se exigirá el tributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidarán intereses de demora.

Datos clave

  • Supuesto: evitar total o parcialmente el hecho imponible o minorar la base o la deuda tributaria.
  • Actos o negocios notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.
  • Sin efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal.
  • Requiere el previo informe favorable de la Comisión consultiva del artículo 159.
  • Se exige el tributo con la norma de los actos usuales o propios, o eliminando las ventajas fiscales, y se liquidan intereses de demora.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay conflicto en la aplicación de la norma cuando se elude el hecho imponible o se reduce la base o la deuda con actos artificiosos sin efectos relevantes distintos del ahorro fiscal. Exige informe favorable de la Comisión consultiva.

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Artículo 16. Simulación.

1. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes.

2. La existencia de simulación será declarada por la Administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación, sin que dicha calificación produzca otros efectos que los exclusivamente tributarios.

3. En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se exigirán los intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente.

Datos clave

  • Hecho imponible gravado: el efectivamente realizado por las partes.
  • La simulación se declara por la Administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación.
  • La calificación solo produce efectos exclusivamente tributarios.
  • Se exigen intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

En los actos o negocios con simulación, el hecho imponible gravado es el efectivamente realizado; la Administración declara la simulación en el acto de liquidación, sin más efectos que los tributarios, y exige intereses de demora y, en su caso, sanción.

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Artículo 17. La relación jurídico-tributaria.

1. Se entiende por relación jurídico-tributaria el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos.

2. De la relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento.

3. Son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. Son obligaciones tributarias formales las definidas en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley.

4. En el marco de la asistencia mutua podrán establecerse obligaciones tributarias a los obligados tributarios, cualquiera que sea su objeto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 bis de esta Ley.

5. Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.

Se renumera el apartado 4 como 5 y se añade el apartado 4, con efectos desde el 1 de enero de 2012, por la disposición final 1.uno.3 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2011-20638 .

Datos clave

  • Artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • La relación jurídico-tributaria es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos.
  • Obligaciones materiales: principal, pagos a cuenta, entre particulares resultantes del tributo y accesorias.
  • Obligaciones formales: las definidas en el artículo 29.1 de la Ley.
  • En la asistencia mutua pueden establecerse obligaciones conforme al artículo 29 bis.
  • Los actos o convenios de los particulares no alteran los elementos de la obligación tributaria ni producen efectos ante la Administración.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La relación jurídico-tributaria agrupa obligaciones, deberes, derechos y potestades nacidos de aplicar los tributos; distingue obligaciones materiales y formales, y los pactos privados no alteran la obligación ante Hacienda.

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Artículo 18. Indisponibilidad del crédito tributario.

El artículo 18 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece el principio de indisponibilidad del crédito tributario. Según este precepto, el crédito tributario es indisponible salvo que la ley establezca otra cosa.

Esto significa que la regla general es que el crédito tributario no puede ser objeto de disposición por la Administración ni por los obligados: la única excepción posible es la que prevea expresamente una ley. La excepción, por tanto, exige siempre una previsión legal.

Datos clave

  • Artículo 18 de la Ley 58/2003, General Tributaria: indisponibilidad del crédito tributario.
  • El crédito tributario es indisponible.
  • Excepción: salvo que la ley establezca otra cosa.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El crédito tributario es indisponible: ni la Administración ni los obligados pueden disponer de él, salvo que una ley establezca otra cosa.

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Artículo 20. Hecho imponible.

1. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.

2. La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.

Datos clave

  • El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo.
  • Su realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.
  • La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley que, al realizarse, origina el nacimiento de la obligación tributaria principal; la ley puede completar su delimitación mediante supuestos de no sujeción.

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Artículo 21. Devengo y exigibilidad.

1. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.

La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

2. La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo.

Datos clave

  • El devengo es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y nace la obligación tributaria principal.
  • La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para configurar la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.
  • La ley de cada tributo podrá fijar la exigibilidad de la cuota, o de parte de ella, en un momento distinto al del devengo.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

El devengo es el momento en que se realiza el hecho imponible y nace la obligación principal; la ley de cada tributo puede fijar la exigibilidad en otro momento.

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Artículo 22. Exenciones.

Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.

Datos clave

  • En la exención sí se realiza el hecho imponible.
  • Es la ley la que exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.
  • Diferencia con la no sujeción: en la exención el hecho imponible llega a realizarse, pero la ley libera de la obligación tributaria principal.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Hay exención cuando, aunque se realiza el hecho imponible, la ley exime de cumplir la obligación tributaria principal.

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Artículo 66. Plazos de prescripción

El artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, fija el plazo general de prescripción de los derechos tributarios en cuatro años. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Los dos primeros derechos corresponden a la Administración (liquidar y cobrar) y los dos últimos al obligado tributario (solicitar y obtener devoluciones y reembolsos).

Datos clave

  • Plazo de prescripción: cuatro años.
  • a) Derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante liquidación.
  • b) Derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas liquidadas y autoliquidadas.
  • c) Derecho a solicitar devoluciones de la normativa de cada tributo, de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
  • d) Derecho a obtener esas mismas devoluciones y reembolsos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Prescriben a los cuatro años cuatro derechos: liquidar y cobrar (de la Administración) y solicitar y obtener devoluciones y reembolsos del coste de las garantías (del obligado).

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Artículo 66 bis. Derecho a comprobar e investigar

El artículo 66 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula el derecho de la Administración a comprobar e investigar en relación con la prescripción.

1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta Ley no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.

En los procedimientos de inspección de alcance general a que se refiere el artículo 148 de esta Ley, respecto de obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entenderá incluida, en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de compensación o de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar no haya prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso, deberá hacerse expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de la comprobación a que se refiere este apartado, con indicación de los ejercicios o periodos impositivos en que se generó el derecho a compensar las bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser objeto de comprobación.

La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la corrección o regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no se hubiese producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.

3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectará a la obligación de aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado.

Datos clave

  • La prescripción del artículo 66 no afecta al derecho a comprobar e investigar del artículo 115, salvo el apartado 2.
  • Comprobar bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación y deducciones aplicadas o pendientes prescribe a los diez años.
  • Los diez años se cuentan desde el día siguiente al fin del plazo de declaración del ejercicio en que se generó el derecho.
  • En inspecciones de alcance general (artículo 148) se entiende incluida esa comprobación.
  • Solo puede realizarse en procedimientos sobre obligaciones y periodos cuyo derecho a liquidar no haya prescrito.
  • Subsiste la obligación de aportar liquidaciones, autoliquidaciones y contabilidad en las comprobaciones de ejercicios no prescritos.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prescripción no impide comprobar e investigar, salvo en bases, cuotas o deducciones compensadas o pendientes: ese derecho prescribe a los diez años y solo se ejerce en procedimientos sobre periodos no prescritos.

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Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo.

En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente.

En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.

2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal.

No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar.

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.

Datos clave

  • Derecho a liquidar: desde el día siguiente al fin del plazo reglamentario de declaración o autoliquidación.
  • Tributos de cobro periódico por recibo sin declaración: desde el día de devengo del tributo.
  • Derecho a exigir el pago: desde el día siguiente al fin del plazo de pago en período voluntario.
  • Ingresos indebidos: desde el día siguiente al ingreso indebido o al fin del plazo de autoliquidación si se ingresó dentro de él.
  • Tributos incompatibles: desde la resolución del órgano que dirima cuál es el procedente.
  • Responsables solidarios: desde el día siguiente al fin del periodo voluntario del deudor principal, o desde los hechos si son posteriores.
  • Responsables subsidiarios: desde la notificación de la última actuación recaudatoria al deudor principal o a cualquier responsable solidario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada derecho prescriptible tiene su día inicial: el siguiente al fin del plazo de declarar, de pagar, de solicitar o de devolver, con reglas propias para recibos, ingresos indebidos y responsables.

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Artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción

1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria.

3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.

b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

4. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo d) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el pago de la devolución o el reembolso.

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

5. Las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de naturaleza análoga producirán los efectos interruptivos de la prescripción cuando se realicen en otro Estado en el marco de la asistencia mutua, aun cuando dichos actos no produzcan efectos interruptivos semejantes en el Estado en el que materialmente se realicen.

6. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente.

7. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.

Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del deudor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa.

8. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.

Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera.

La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 66 de esta Ley, por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las acciones de cobro que procedan.

9. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del artículo 66 de esta Ley relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto.

Datos clave

  • Derecho a liquidar: se interrumpe por acciones de la Administración con conocimiento formal del obligado, por recursos o reclamaciones y por actuaciones fehacientes del obligado.
  • Derecho a cobrar: también se interrumpe por la declaración del concurso y por acciones civiles o penales dirigidas al cobro.
  • Las actuaciones realizadas en otro Estado en el marco de la asistencia mutua también interrumpen.
  • Producida la interrupción, se inicia de nuevo el cómputo del plazo.
  • Con recurso contencioso-administrativo, acciones civiles o penales o tanto de culpa, el cómputo se reinicia al recibir la resolución firme.
  • En el concurso, el cómputo se reinicia con la firmeza de la resolución de conclusión del concurso.
  • La interrupción para un obligado se extiende a todos, incluidos los responsables, salvo obligación mancomunada.
  • La interrupción del derecho a liquidar se extiende a las obligaciones tributarias conexas.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Cada derecho prescriptible tiene sus causas de interrupción: actuaciones de la Administración con conocimiento formal, recursos y actuaciones fehacientes del obligado. Interrumpido, el plazo vuelve a empezar.

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Artículo 69. Extensión y efectos de la prescripción

El artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la extensión y los efectos de la prescripción.

1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 8 del artículo anterior.

2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.

3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.

Datos clave

  • La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago, salvo lo previsto en el artículo 68.8.
  • Se aplica de oficio, incluso si la deuda tributaria se ha pagado.
  • No es necesario que la invoque o excepcione el obligado tributario.
  • La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

La prescripción ganada beneficia a todos los obligados al pago, se aplica de oficio aunque la deuda se haya pagado y extingue la deuda tributaria.

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Artículo 70. Efectos de la prescripción en relación con las obligaciones formales

El artículo 70 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los efectos de la prescripción sobre las obligaciones formales.

1. Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar estas últimas.

2. A efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras personas o entidades, las obligaciones de conservación y suministro de información previstas en los párrafos d), e) y f) del apartado 2 del artículo 29 de esta ley deberán cumplirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o en el plazo de exigencia de sus propias obligaciones formales al que se refiere el apartado anterior, si este último fuese superior.

3. La obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su origen en operaciones realizadas en períodos impositivos prescritos se mantendrá durante el plazo de prescripción del derecho para determinar las deudas tributarias afectadas por la operación correspondiente y, en todo caso, en los supuestos a que se refiere el artículo 66.bis.2 y 3 de esta Ley.

Datos clave

  • Las obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones del propio obligado solo son exigibles mientras no prescriba el derecho a determinar estas últimas.
  • Las obligaciones de conservación y suministro de información del artículo 29.2.d), e) y f) se cumplen en el plazo de la normativa mercantil o en el de sus propias obligaciones formales, si fuese superior.
  • La obligación de justificar datos de operaciones de períodos prescritos se mantiene durante el plazo de prescripción del derecho a determinar las deudas afectadas.
  • En todo caso se mantiene en los supuestos del artículo 66 bis.2 y 3.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Las obligaciones formales siguen la suerte de la prescripción de la obligación a la que se vinculan, con dos excepciones: la información sobre terceros y la justificación de datos de periodos ya prescritos.

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Artículo 159. Informe preceptivo para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de esta ley, para que la inspección de los tributos pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria deberá emitirse previamente un informe favorable de la Comisión consultiva que se constituya, en los términos establecidos reglamentariamente, por dos representantes del órgano competente para contestar las consultas tributarias escritas, actuando uno de ellos como Presidente, y por dos representantes de la Administración tributaria actuante.

2. Cuando el órgano actuante estime que pueden concurrir las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 15 de esta ley lo comunicará al interesado, y le concederá un plazo de 15 días para presentar alegaciones y aportar o proponer las pruebas que estime procedentes.

Recibidas las alegaciones y practicadas, en su caso, las pruebas procedentes, el órgano actuante remitirá el expediente completo a la Comisión consultiva.

3. A efectos del cómputo del plazo del procedimiento inspector se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 150 de esta Ley.

4. El plazo máximo para emitir el informe será de tres meses desde la remisión del expediente a la Comisión consultiva. Dicho plazo podrá ser ampliado mediante acuerdo motivado de la comisión consultiva, sin que dicha ampliación pueda exceder de un mes.

5. Transcurrido el plazo al que se refiere el apartado anterior sin que la Comisión consultiva haya emitido el informe, se reanudará el cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras, manteniéndose la obligación de emitir dicho informe, aunque se podrán continuar las actuaciones y, en su caso, dictar liquidación provisional respecto a los demás elementos de la obligación tributaria no relacionados con las operaciones analizadas por la Comisión consultiva.

6. El informe de la Comisión consultiva vinculará al órgano de inspección sobre la declaración del conflicto en la aplicación de la norma.

7. El informe y los demás actos dictados en aplicación de lo dispuesto en este artículo no serán susceptibles de recurso o reclamación, pero en los que se interpongan contra los actos y liquidaciones resultantes de la comprobación podrá plantearse la procedencia de la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Datos clave

  • Cuando el órgano actuante estime que pueden concurrir las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 15 de esta ley lo comunicará al interesado, y le concederá un plazo de 15 días para presentar alegaciones y aportar o proponer las pruebas que estime procedentes.
  • Recibidas las alegaciones y practicadas, en su caso, las pruebas procedentes, el órgano actuante remitirá el expediente completo a la Comisión consultiva.
  • A efectos del cómputo del plazo del procedimiento inspector se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 150 de esta Ley.
  • El plazo máximo para emitir el informe será de tres meses desde la remisión del expediente a la Comisión consultiva.
  • Dicho plazo podrá ser ampliado mediante acuerdo motivado de la comisión consultiva, sin que dicha ampliación pueda exceder de un mes.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Para declarar el conflicto en la aplicación de la norma, la inspección necesita un informe favorable y vinculante de la Comisión consultiva, emitido en tres meses ampliables uno.

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Artículo 136. Procedimiento para el reconocimiento por la Administración tributaria de beneficios fiscales de carácter rogado.

1. El procedimiento para el reconocimiento de beneficios fiscales se iniciará a instancia del obligado tributario mediante solicitud dirigida al órgano competente para su concesión y se acompañará de los documentos y justificantes exigibles y de los que el obligado tributario considere convenientes.

2. La comprobación de los requisitos para la concesión de un beneficio fiscal se realizará de acuerdo con los datos y documentos que se exijan en la normativa reguladora del beneficio fiscal y los datos que declaren o suministren terceras personas o que pueda obtener la Administración tributaria mediante requerimiento al propio obligado y a terceros.

3. Con carácter previo a la notificación de la resolución se deberá notificar al obligado tributario la propuesta de resolución cuando vaya a ser denegatoria para que, en un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de dicha propuesta, alegue lo que convenga a su derecho.

4. El procedimiento para el reconocimiento de beneficios fiscales terminará por resolución en la que se reconozca o se deniegue la aplicación del beneficio fiscal.

El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será el que establezca la normativa reguladora del beneficio fiscal y, en su defecto, será de seis meses. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, salvo que la normativa aplicable establezca otra cosa.

Datos clave

  • El procedimiento de reconocimiento de beneficios fiscales rogados se inicia a instancia del obligado mediante solicitud al órgano competente.
  • Si la propuesta va a ser denegatoria, se notifica antes con alegaciones en 10 días desde el día siguiente a su notificación.
  • Termina por resolución que reconoce o deniega el beneficio.
  • Plazo máximo de notificación: el de la normativa reguladora y, en su defecto, seis meses.
  • Vencido el plazo sin resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, salvo disposición en contrario.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Beneficios fiscales rogados: se piden con solicitud y documentos, la propuesta denegatoria se notifica con 10 días para alegar y, a falta de plazo propio, se resuelve en seis meses con silencio negativo.

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Artículo 137. Efectos del reconocimiento de beneficios fiscales de carácter rogado.

1. El reconocimiento de los beneficios fiscales surtirá efectos desde el momento que establezca la normativa aplicable o, en su defecto, desde el momento de su concesión.

El reconocimiento de beneficios fiscales será provisional cuando esté condicionado al cumplimiento de condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el expediente. Su aplicación estará condicionada a la concurrencia en todo momento de las condiciones y requisitos previstos en la normativa aplicable.

2. Salvo disposición expresa en contrario, una vez concedido un beneficio fiscal no será preciso reiterar la solicitud para su aplicación en periodos futuros, salvo que se modifiquen las circunstancias que justificaron su concesión o la normativa aplicable.

Los obligados tributarios deberán comunicar al órgano que reconoció la procedencia del beneficio fiscal cualquier modificación relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la aplicación del beneficio fiscal. Dicho órgano podrá declarar, previa audiencia del obligado tributario por un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, si procede o no la continuación de la aplicación del beneficio fiscal. De igual forma se procederá cuando la Administración tributaria conozca por cualquier medio la modificación de las condiciones o los requisitos para la aplicación del beneficio fiscal.

3. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del beneficio fiscal determinará la pérdida del derecho a su aplicación desde el momento que establezca la normativa específica o, en su defecto, desde que dicho incumplimiento se produzca, sin necesidad de declaración administrativa previa.

Tratándose de beneficios fiscales cuya aplicación dependa de condiciones futuras, el incumplimiento de estas obligará a la regularización del beneficio fiscal indebidamente aplicado conforme a lo dispuesto en el artículo 122.2, párrafo segundo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, cuando se trate de tributos sin periodo impositivo o de liquidación, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación en el plazo de un mes desde la pérdida del derecho a la aplicación de la exención, deducción o incentivo fiscal y deberá ingresar, junto con la cuota resultante o cantidad derivada de la exención, deducción o incentivo fiscal, los intereses de demora correspondientes.

4. Cuando la Administración regularice la aplicación de un beneficio fiscal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá comunicar esta circunstancia al órgano que reconoció dicho beneficio fiscal.

Datos clave

  • El reconocimiento surte efectos desde el momento que fije la normativa o, en su defecto, desde la concesión.
  • Es provisional cuando depende de condiciones futuras o de requisitos no comprobados en el expediente.
  • Concedido el beneficio no hay que reiterar la solicitud en periodos futuros, salvo cambio de circunstancias o de normativa.
  • Audiencia de 10 días antes de declarar si procede continuar aplicando el beneficio.
  • El incumplimiento de requisitos supone la pérdida del derecho sin declaración administrativa previa.
  • En tributos sin periodo impositivo o de liquidación, autoliquidación en el plazo de un mes desde la pérdida del derecho, con intereses de demora.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Regula los efectos del reconocimiento de un beneficio fiscal: desde cuándo se aplica, cuándo es solo provisional (si depende de condiciones futuras), que no hace falta reiterar la solicitud cada año, y qué pasa si se incumplen los requisitos o cambian las circunstancias.

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Artículo 194. Declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

1. Cuando el órgano de inspección que esté tramitando el procedimiento estime que pueden concurrir las circunstancias previstas en el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo notificará al obligado tributario y le concederá un plazo de alegaciones de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo.

2. Una vez recibidas las alegaciones y, en su caso, practicadas las pruebas procedentes, el órgano que esté tramitando el procedimiento emitirá un informe sobre la concurrencia o no de las circunstancias previstas en el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se remitirá junto con el expediente al órgano competente para liquidar.

En caso de que el órgano competente para liquidar estimase que concurren dichas circunstancias remitirá a la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el informe y los antecedentes. La remisión se notificará al obligado tributario con indicación de la suspensión del cómputo del plazo del procedimiento inspector prevista en el apartado 3 del artículo 150 de dicha Ley.

En caso de que el órgano competente para liquidar estimase motivadamente que no concurren dichas circunstancias devolverá la documentación al órgano de inspección que esté tramitando el procedimiento, lo que se notificará al obligado tributario.

3. La Comisión consultiva emitirá un informe en el que, de forma motivada, se indicará si procede o no la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Dicho informe se comunicará al órgano competente para liquidar que hubiese remitido el expediente, que ordenará su notificación al obligado tributario y la continuación del procedimiento de inspección.

En el caso de acordarse la ampliación del plazo para emitir el mencionado informe, el acuerdo deberá notificarse al obligado tributario y se dará traslado, asimismo, al órgano de inspección.

4. En el ámbito de competencias del Estado, la Comisión consultiva estará compuesta por dos representantes de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda designados por resolución del Director General de Tributos, uno de los cuales actuará como presidente con voto de calidad, salvo que el conflicto en la aplicación de la norma tributaria afecte a las normas dictadas por las comunidades autónomas en materia de tributos cedidos, en cuyo caso, los representantes del órgano competente para contestar las consultas tributarias escritas serán designados por resolución del titular de dicho órgano.

Los representantes de la Administración tributaria actuante serán:

a) Cuando la Administración tributaria actuante sea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dos representantes de esta designados por el director del departamento competente.

b) Cuando la Administración tributaria actuante sea una comunidad autónoma, dos representantes de la Administración tributaria autonómica.

c) Cuando la Administración tributaria actuante sea una entidad local, dos representantes de la entidad local.

En los supuestos anteriores, uno de los dos representantes de la Administración tributaria actuante podrá ser el órgano de inspección que estuviese tramitando el procedimiento o el órgano competente para liquidar que hubiese remitido el expediente.

5. La suspensión del cómputo del plazo de duración del procedimiento se producirá por el tiempo que transcurra desde la notificación al interesado a que se refiere el apartado 2 de este artículo hasta la recepción del informe por el órgano competente para continuar el procedimiento o hasta el transcurso del plazo máximo para su emisión.

Dicha suspensión no impedirá la práctica de las actuaciones inspectoras que durante esta situación pudieran desarrollarse en relación con los elementos de la obligación tributaria no relacionados con los actos o negocios analizados por la Comisión consultiva, en cuyo caso continuará el procedimiento respecto de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

6. Trimestralmente se publicarán los informes de la Comisión consultiva en los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. En el ámbito de competencias del Estado se publicarán en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, salvo que se trate de tributos cuyo órgano competente para la emisión de las consultas tributarias por escrito se integre en otras Administraciones tributarias, en cuyo caso deberán publicarse a través del medio que las mismas señalen.

En dichas publicaciones se guardará la debida reserva en relación a los sujetos afectados.

Datos clave

  • En caso de que el órgano competente para liquidar estimase que concurren dichas circunstancias remitirá a la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el informe y los antecedentes.
  • La remisión se notificará al obligado tributario con indicación de la suspensión del cómputo del plazo del procedimiento inspector prevista en el apartado 3 del artículo 150 de dicha Ley.
  • En el caso de acordarse la ampliación del plazo para emitir el mencionado informe, el acuerdo deberá notificarse al obligado tributario y se dará traslado, asimismo, al órgano de inspección.
  • En los supuestos anteriores, uno de los dos representantes de la Administración tributaria actuante podrá ser el órgano de inspección que estuviese tramitando el procedimiento o el órgano competente para liquidar que hubiese remitido el expediente.
  • Trimestralmente se publicarán los informes de la Comisión consultiva en los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Anotaciones Oposhark · para entenderlo

Si la inspección ve posible conflicto en la aplicación de la norma, da 15 días de alegaciones, informa al órgano liquidador y este, si lo aprecia, lo remite a la Comisión consultiva, suspendiéndose el plazo del procedimiento.

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